i.Introducción
Una Misión Internacional de Derechos Humanos compuesta por 15 profesionales independientes (juristas, periodistas, antropólogos, politólogos, sociólogos y expertos en derechos humanos) procedentes de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, España, Nicaragua, Perú, Suecia y Uruguay se constituyó en Honduras el 17 de julio pasado para verificar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Honduras durante y después del golpe de Estado del pasado 28 de junio, a fin de presentar observaciones y recomendaciones al respecto a la OEA, la ONU, la Unión Europea y sus Estados miembros.
Divididos en cuatro grupos de trabajo, la misión ha recibido testimonios de casos ocurridos en varias partes del territorio hondureño: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Olancho y Colón. Ha llevado a cabo con este objeto entrevistas con diferentes organizaciones y expertos de derechos humanos, movimientos sociales, sindicatos, medios de comunicación, periodistas, diputados al Congreso Nacional, partidos políticos, el Fiscal General de la República, la Fiscal Especial de Derechos Humanos, el General Director de la Policía Nacional, agencias de cooperación internacional, representantes de Naciones Unidas, del cuerpo diplomático, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, la Defensa Pública, la Dirección General de Migración y familiares del Presidente Manuel Zelaya.
La misión internacional está conformada por 15 personas de las siguientes organizaciones y redes de derechos humanos: Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA), FIAN Internacional, la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia), Suedwind-Austria, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeon Cañas (IDHUCA-El Salvador), Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH), el Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y Africa (IEPALA-España), Federación de Asociaciones de defensa y promoción de los Derechos Humanos (España), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay), Solidaridad Mundial (Bélgica), IBIS (Dinamarca), Alianza Social Continental, Enlazando Alternativas, y Centro de Estudios Tricontinental.
ii.Los hechos verificados por la Misión
1.Con fecha 28 de junio de 2009 a las 5:15 am, efectivos de las fuerzas armadas, tras reducir violentamente a la guardia encargada de su protección, irrumpieron en la Casa Presidencial y secuestraron al Presidente Constitucional de Honduras señor Manuel Zelaya Rosales. La captura del Presidente se produjo sin que se presentara el mandato judicial correspondiente. Inmediatamente después fue trasladado a una base aérea desde donde fue llevado a Costa Rica, según testimonió el mismo Presidente, mediante un avión que despegó a las 6:10 AM de Honduras.
El asalto de la Casa Presidencial se llevó a cabo ejerciendo violencia contra los bienes y ocupantes de la casa. Los hechos descritos fueron denunciados por miembros de la custodia del Presidente Constitucional derrocado, así como por familiares del mismo que se encontraban el día del golpe en la Casa Presidencial.
2.En la mañana del 28 de junio, el Congreso de la República procedió a “improbar la conducta del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, por las reiteradas violaciones a la Constitución y a las leyes y la inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales”, cesándolo en su cargo de Presidente a pesar de no existir norma constitucional o legal que posibilitara tal cese, y designando a Roberto Micheleti Baín como “Presidente Constitucional de la República” (Decreto del Congreso Nro. 141-09).
3.Con fecha 30 de junio de 2009, aunque fechada el 30 de junio de 2008, se emitió el Decreto Ejecutivo Nro. 011-2009, firmado por el Sr. Micheleti, restringiendo los siguientes derechos constitucionales: la libertad personal, “detención e incomunicación por más de 24 horas” (sic), la libertad de asociación y reunión, el derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional. Los anteriores derechos se encuentran contemplados en los artículos 69, 71, 72, 78, 79, 81, 84, 99 de la Constitución.
El Decreto estableció que los derechos mencionados serían restringidos de 10:00 pm a 5:00 am en todo el territorio - conforme a lo establecido por la Ley de Estado de Sitio-, por el término de setenta y dos horas a partir de la aprobación del mismo.
En la indicada norma, -que a fecha de hoy y 23 dias despues de su promulgacion continua en vigor- no sólo no figura el mecanismo de prórroga de la suspensión de los citados derechos, sino que el Decreto no ha sido publicado hasta la fecha en el diario oficial de la Republica de Honduras. Cabe señalar que el artículo 211 de la Constitución de Honduras dispone que la publicidad de las normas constituye un requisito esencial de validez de éstas.
La restricción o suspensión de derechos está exclusivamente prevista por la Constitución hondureña (art.187) para los supuestos de invasión del territorio nacional, perturbación grave de la paz, de epidemia o de cualquier otra calamidad.
4.El decreto de suspensión de los derechos fundamentales de los hondureños continua siendo aplicado pese a haberse vencido el plazo de 72 horas de duración originalmente contemplado en el decreto que dispuso estas restricciones; y no existe ningún decreto posterior que haya prorrogado formalmente esta suspensión. Asimismo, de forma diaria y a través de comunicados en diversos medios de comunicación, se ha venido variando aleatoriamente los horarios de vigencia del Toque de Queda impuesto en la capital y en el interior del país.
5.Existe incertidumbre sobre el horario del toque de queda y el alcance de la restricción de garantías. Preguntados sobre el horario del toque de queda, varios funcionarios entrevistados por la Mision, dieron horarios diferentes y expresaron diferencias sobre su contenido.
6.La Misión muestra su perplejidad por la actitud en apoyo al golpe de Estado mantenida por la alta jerarquía católica hondureña y representantes de algunas iglesias evangélicas, y su implicación activa en la organización de las movilizaciones de respaldo a éste convocadas por el régimen de facto.
7.La Misión internacional sobre derechos humanos en Honduras ha identificado la existencia de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país con posterioridad al golpe de Estado. De igual forma, ha constatado la desprotección de numerosos afectados ante la respuesta inadecuada de las instituciones que son constitucionalmente responsables de velar por el respeto a los derechos fundamentales de los y las hondureñas. En particular, la Misión llama la atención sobre la grave omisión del cumplimiento de las obligaciones funcionales del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Sr. Ramón Custodio.
8.Entre las vulneraciones de derechos fundamentales denunciados ante la Misión se encuentran un importante número de ejecuciones extrajudiciales, centenares de detenciones arbitrarias, mùltiples amenazas, cercenamiento de la libertad de expresión e información, así como restricciones indebidas a la libertad de circulación, enmarcado todo ello en un contexto de clara persecución política que afecta especialmente a dirigentes políticos y sindicales, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, periodistas, ciudadanos-as extranjeros, entre otros.
9.En efecto, desde que se consumó el golpe de Estado y en relacion a este, según diversas fuentes constatadas por la Mision, han sido reportadas las siguientes muertes de personas: ISIS OBED MURILLO MENCIAS, de 19 años, muerto por disparos de las Fuerzas Armadas durante la marcha celebrada el 05 de julio por los partidarios del presidente depuesto al aeropuerto de Toncontin, Tegucigalpa; GABRIEL FINO NORIEGA, periodista de radio Estelar, en el departamento de Atlántida, asesinado de 7 impactos de bala el 3 de julio cuando salía de su centro de trabajo; RAMON GARCIA, líder del partido politico Unión Democrática (UD), obligado a bajar de un vehículo de transporte público cuando regresaba de una manifestación y acribillado a tiros en la localidad de Santa Bárbara por desconocidos; ROGER IVAN BADOS, ex dirigente sindical del sector textil y actual militante de la UD y del Bloque Popular (BP), amenazado de muerte con posterioridad al golpe y asesinado a tiros tras sacarlo por la fuerza de su propia casa el 11 de julio en San Pedro Sula; VICKY HERNANDEZ CASTILLO (SONNY EMELSON HERNANDEZ), miembro de la comunidad LGTB, muerto en San Pedro Sula por un impacto de bala en el ojo y con señales de estrangulamiento, durante el toque de queda; y una persona no identificada, vestida con una camiseta de la denominada “cuarta urna”, encontrada muerta el 3 de julio en el sector de “La Montañita” en Tegucigalpa, lugar que fue cementerio clandestino de ejecuciones extrajudiciales durante los años 80. La misión continúa verificando otras denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
10.La Misión ha recibido del Centro de Investigaciones y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), denuncias relacionadas con la desaparición forzosa de: Anastasio Barrera de 55 años, afiliado a la Central Nacional de Trabajadores del Campo, secuestrado en San Juan Pueblo, Atlántida, el día 5 de julio de 2009 por cuatro individuos que vestían chalecos de policía. Se ha reportado, asimismo, que Manuel Sevilla, de 19 años, fue desaparecido en San Pedro Sula el día 12 de julio luego de volver de una manifestación.
11.En cuanto a vulneraciones a la integridad de las personas, la misión tomó nota de amenazas, con ocasión del golpe de Estado, que afectan a diversos grupos dentro de la sociedad hondureña: periodistas críticos al régimen de facto, alcaldes, sindicalistas, dirigentes de organizaciones populares, defensores-as de derechos humanos, maestros, diputados. Hemos documentado más de 100 personas en esta situación.
12.Hemos recibido informaciones relativas a la utilización política de la capacidad legítima del Estado de investigar y sancionar a personas vinculadas a la comisión de delitos. El caso que puede ilustrar esta tendencia es el del padre de Isis Obed Murillo, Don José David Murillo Sánchez, quien fuera capturado luego de que rindiera testimonio ante la Fiscalía de Derechos Humanos por el asesinato de su hijo. Su captura y posterior detención fue justificada con base en un antiguo proceso judicial que se encontraba paralizado, el mismo que fue reactivado luego de que Murillo acudiera a la justicia a denunciar la muerte de su hijo. De la lectura del expediente y la entrevista con jueces, testigos, abogados y el propio señor Murillo se deducen serias violaciones al debido proceso, la defensa, la libertad, etc. Otras denuncias recibidas comprenden asimismo procesos relativos a funcionarios del Gobierno depuesto.
13.Según lo afirmado a la Mision por el General Director de la Policia Nacional. Sr Escoto Salinas, se han registrado a la fecha 1275 detenciones vinculadas con infracciones al toque de queda y por otros motivos relacionado con las manifestaciones de protesta contrarias al golpe.
14.Respecto a la detención arbitraria de extranjeros, cabe señalar que en las últimas semanas aumentaron significativamente éstas; en particular, la de aquellos extranjeros de nacionalidad nicaragüense quienes se han visto afectados de manera desproporcionada por detenciones arbitrarias e irregulares. Sólo durante esta semana se han registrado allanamientos sin orden judicial y detenciones arbitrarias de, por los menos, veinte personas nicaragüenses.
15.Durante los días 20 y 21 de julio, miembros de la Misión constataron las violaciones de derechos humanos que sufrieron los jóvenes de nacionalidad nicaragüense: Jarlen Manuel Torres Torres, Noe Emilio Avellan Ruiz, Tulio Rafael Bendaña Mejía, Alejandro José García Obregón, Pablo Yase Benoaria, Jorge Danilo Flores, Francisco Israel Connor, Carlos David Bendaña Mejía, Jose Gonzáles, Darwin Antonio Reyes Lazo, Miguel Ángel Aguilar Fernández, Henry Geovany Martínez López y David Jirón. Ellos fueron detenidos arbitrariamente alegando infracciones administrativas al derecho de extranjeria, siendo sujetos a malos tratos, no se les ofreció asistencia consular, ni se les brindó condiciones de detención adecuadas, en algunos casos se les mantuvo detenidos en celdas policiales con otras personas acusadas de la comisión de delitos comunes, no tuvieron acceso a un juez ni a un defensor. Estas acciones fueron llevadas a cabo por miembros de la Policía Nacional Civil.
16.Las autoridades justifican estas detenciones en la existencia de “amenazas externas” al régimen de facto. Hasta el momento, las detenciones no han provisto de evidencia alguna respecto de la participación de los más de 100 afectados en acciones que comprometan la seguridad nacional. Por el contrario, muchos de los detenidos son comerciantes, trabajadores o migrantes, algunos de ellos-as con sólidos vínculos familiares y arraigo acreditado en Honduras.
17.Numerosos medios de comunicación locales contribuyen con esta práctica y política xenofóbica otorgando una cobertura sensacionalista de las detenciones de nicaragüenses e invitando a la población a denunciar la presencia de ciudadanos extranjeros en actitudes sospechosas.
18.La misión ha recibido múltiples denuncias relacionadas con el reclutamiento forzoso de jóvenes por parte del Ejército en zonas rurales, para integrarlos a las reservas.
19.En materia de Libertad de Expresión, hemos constatado graves restricciones a la libertad de expresión con posterioridad al golpe de Estado. En Tegucigalpa, Canal 36, Radio TV Maya y Radio Globo fueron militarizadas como parte del operativo de silenciamiento de medios de comunicación ocurrido con ocasión del golpe. Se suspendió temporalmente la transmisión de Canal 36 y hemos recibido denuncias, así como hemos constatado, el asalto a diversos locales de medios de comunicación y amenazas de muerte contra periodistas, el bloqueo de sus transmisiones o la interceptación telefónica y bloqueo de su acceso a internet.
20.La Misión fue informada del ametrallamiento, después del golpe, de la cabina de transmisión de Radio Juticalpa en Olancho, y de las amenazas de muerte producidas contra periodistas como el director del diario El Libertador, Sr. JHONNY JOSE LAGOS ENRIQUEZ, así como contra LUIS GALDANES, conductor del programa radial “Tras la Verdad”. El señor Lagos viene siendo objeto, además, de una persecución judicial promovida por el Fiscal General de Honduras, Dr. Luis Rubí, en base al art. 349 del Código Penal de Honduras que solo puede aplicarse a servidores públicos, condición que el señor Lagos Henríquez no tiene.
21.En la ciudad de Progreso, por otra parte, las fuerzas militares ocuparon y silenciaron las trasmisiones de Radio PROGRESO, siendo hostigado su director el sacerdote jesuita ISMAEL MORENO, detenido temporalmente el periodista ROMELL ALEXANDER GÓMEZ MEJÍA y recibido amenazas de muerte en el caso del periodista ROMEL ROMERO, canalizadas a través del teléfono celular de su esposa, la Sra. MIRIAM ESPINAL. Igualmente, el Equipo de Reflexión y Comunicación (ERIC), estrecho colaborador de Radio Progreso, viene siendo objeto de amenazas y hostigamiento por parte de fuerzas militares que se encuentran permanentemente situadas frente a su sede en la Casa San Ignacio, Boulevard Canán, en Progreso.
22.Situación similar a las anteriores padece OSMAN DANILO COREA, periodista del Canal 26 TV Atlántica en el Departamento de Colón, quien informó a la Misión que los militares han indicado a los medios de comunicación del departamento que no pueden trasmitir otras versiones o informaciones que no sean las del presidente de facto Micheleti. El señor Correa relató que recibió una llamada del Capitán de apellido Tercero, Jefe de la Base Naval de Castilla, próxima a Trujillo, para prohibirle trasmitir información sobre marchas distintas de los “camisetas blancas” (partidarios del gobierno de facto), amenazándolo con decomisarle los equipos en caso de desobedecer, añadiendo “porque nosotros mandamos, las fuerzas armadas tenemos el poder”. La Misión recibió, asimismo, la denuncia de hostigamiento y persecución sufrida por el periodista de televisora “La Cumbre” Sr. JORGE ORLANDO ANDERSON del pueblo de Bonito Oriental, por parte de militares de la ya referida base naval de Castilla.
23.El periodista NAHUM PALACIOS de Tocoa, refirió haber sido amenazado por el mismo Capitán Tercero de la Base Naval de Castilla el 28 de junio, quien ordenó la detención de 4 miembros de Televisora del Aguan, Canal 5. Por su parte, el periodista, Presidente del Sindicato de Maestros de Tocoa y Director del programa de noticias Centro de Noticias de Colón Sr. WILFREDO PAZ ha recibido constantes amenazas anónimas de quemarle la emisora si continuaba con sus emisiones, ordenando el ya referido Capitán Tercero, que la empresa de cable cortara la trasmisión del programa del Sr. Palacios.
24.La Mision ha recibido igualmente denuncias muy concretas de la actuacion de grupos paramilitares, compuestos por civiles vinculados supuestamente a organizaciones de narcotraficantes, y a grupos de seguridad privada al servicio de destacados empresarios, quienes vestidos con traje de camuflaje operan conjuntamente con miembros del XV Batallón del Ejercito Hondureño en el departamento de Colón.
25.La Misión, ha constatado, asimismo, amenazas y coacciones a trabajadores-as en sus puestos de trabajo relacionadas con su asistencia a marchas contrarias al golpe; asi como actuaciones coactivas para garantizar su asistencia obligatoria a marchas convocadas por el régimen de facto y la empresa privada.
iii.Conclusiones
La Misión internacional constató la existencia de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos en Honduras con posterioridad al golpe de Estado. Algunas de ellas tienen como origen la aplicación de normas abiertamente contrarias a los compromisos internacionales de protección de derechos humanos, la militarización de funciones de seguridad e instituciones estatales, abusos por parte de fuerzas de seguridad del Estado y la falta de respuesta de los mecanismos de garantía del Estado.
Una de las conclusiones fundamentales de la visita consiste en determinar que el Decreto 11-2009, de suspensión de garantías, establece restricciones a una amplia gama de derechos fundamentales incluyendo la libertad personal, la movilidad y otros, así como su aplicación, contrarían las obligaciones internacionales del Estado en la materia.
Los vicios identificados en el Decreto 11-2009 hacen ilegítimas las medidas adoptadas con fundamento en el mismo, como por ejemplo, las centenares de detenciones por toque de queda, allanamientos y las restricciones a la libertad de movilización en las carreteras.
La Misión considera que uno de sus hallazgos fundamentales consiste en establecer la desprotección de numerosos afectados por las graves violaciones perpetradas ante la respuesta inadecuada de las instituciones que son responsables de velar por la garantía de los derechos fundamentales de los y las hondureñas. Ello es evidenciado en la manifiesta falta de recursos de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, así como en la inoperancia de la Corte Suprema para decidir sobre la legalidad del decreto de suspensión de garantías y otros amparos sobre violaciones a derechos fundamentales ocurridas con ocasión del golpe, y la negligencia del Comisionado Nacional de Derechos Humanos.
Más aún, es posible sostener, que algunas instituciones de control de derechos han asumido un papel abiertamente cómplice de las autoridades de facto, haciendo caso omiso de sus funciones constitucionales y legales.
El golpe ha colocado en una situación de mayor precariedad en la tutela de sus derechos a varios colectivos que estaban en una situación de vulnerabilidad con antelación al 28 de junio, como ocurre con la comunidad LGTB.
Hemos constatado serias limitaciones a la libertad de expresión y amedrentamientos destinados a restringir la circulación de información que critique al régimen de facto. A su vez, consideramos que una parte de los medios de masivos comunicación del país ha tenido una actitud irrespetuosa con la pluralidad de ideas y la democracia. En ocasiones, estos medios se han hecho eco de posiciones abiertamente represivas e incitadoras de la violencia contra los partidarios del gobierno depuesto.
Quisiéramos destacar el papel destacado que han jugado y siguen jugando en esta coyuntura numerosos defensores-as de derechos humanos, quienes a pesar de la adversidad, la falta de recursos y los riesgos a su integridad y su vida, han levantado su voz para denunciar los abusos, proteger a las víctimas y defender la institucionalidad democrática. Valoramos especialmente el papel de las mujeres y sus organizaciones para defender la democracia y los derechos humanos en Honduras
iv.Recomendaciones
I.A la comunidad internacional de Estados
1- Implementar todas las medidas necesarias para contribuir a garantizar el goce y disfrute de los derechos humanos de la población hondureña;
2- Mantener una posición firme de condena al golpe de Estado, exigiendo la restitución del Presidente Zelaya y el restablecimiento del orden constitucional;
3- Mantener la suspensión de las relaciones diplomáticas con el régimen de facto, así como de cualquier apoyo económico o financiero dirigido a las instituciones del Estado involucradas en el golpe de Estado;
4- Desconocer los resultados de elecciones convocadas por el gobierno de facto, tal y como fue expresado por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, asi como desconocer cualquier decision adoptada por dicho gobierno. ·Sobre las relaciones bilaterales con Honduras
5- Las embajadas presentes en el país deben continuar y reforzar las medidas apropiadas para contribuir a la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y activistas de la sociedad civil, entre otras, mediante
§Visitas a las oficinas de personas y organizaciones en riesgo
§Invitaciones e intercambios constantes con las mismas
§Apoyo logístico que sea pertinente para su seguridad
§Implementación de un sistema de alerta y emergencia de acceso inmediato para personas en riesgo.
§Abrir conjuntamente con ONG internacionales un apoyo adicional para la sociedad civil hondureña, para reforzar su capacidad de proteger y monitorear DDHH. En particular, es necesario de aumentar los recursos humanos y financieros para que atiendan las necesidades en el interior del país.
6- La cooperación internacional debe mantener la suspensión de apoyo presupuestario y de programas a instituciones del Estado que han estado involucrados en el golpe de estado, manteniendo la ayuda humanitaria, la cooperación con los municipios y con las organizaciones de la sociedad civil hondureña.
7- Los Estados deben tomar medidas contra los principales responsables del golpe, tales como la restricción de otorgar visas y el congelamiento de cuentas bancarias en el exterior.·Relaciones entre Unión Europea y Honduras
8- Con respecto a las relaciones entre Honduras y la Unión Europea, deben aplicarse las medidas siguientes:
·La cláusula democrática contemplada en el art. 1 del Acuerdo Marco de Cooperación entre la Unión Europa y Centroamérica del 1993, que faculta la suspensión de la cooperación en caso de grave quebrantamiento del orden constitucional.
·Abstención de relaciones diplomáticas con el nivel de vice-ministros del gobierno ilegítimo, como también con todos los representantes diplomáticos en terreno de la Unión Europea que apoyan al gobierno de facto.
·Suspensión, más allá del apoyo presupuestario, de todos los programas dirigidos a apoyar las instituciones del Estado que han estado involucradas en el golpe de estado.
·Mantener la decisión de suspender las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central hasta que se restituya el orden constitucional en Honduras.
·Suspensión de Honduras del Sistema General de Preferencias (SGP plus) de la Unión Europea. II.A los órganos y organismos internacionales
9- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe continuar monitoreando la situación de los derechos humanos en Honduras y emitiendo recomendaciones para proteger a la población en Honduras, en este sentido urgen las siguientes acciones:
§Seguir otorgando medidas cautelares para proteger a las personas en situación en riesgo §Realizar a la brevedad la visita in situ al país y emitir un informe con las recomendaciones que estime convenientes.
10- El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas debe pronunciarse en contra del golpe de Estado en Honduras y adicionalmente debe tomar medidas que contribuyan al restablecimiento del orden constitucional.
11- El sistema de protección de Derechos Humanos de la ONU debe activar los mecanismos apropiados para abordar la situación de derechos humanos en Honduras, en particular considere la pertinencia de:
§Adoptar una resolución a nivel del Consejo de Derechos Humanos;
§Establecer una oficina permanente del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras;
§Realizar visitas de verificación de las relatorías especiales competentes en materia de libertad de expresión, defensores y defensoras de derechos humanos e independencia de los jueces y abogados.
12- La Corte Penal Internacional debe actuar preventivamente. Por ello solicitamos al Fiscal General de la Corte Penal Internacional iniciar diligencias conducentes a una posible investigación penal conforme a la disposición del art. 7, numeral g del Estatuto de Roma que contempla la competencia por el crimen de persecución política.Ante la gravedad de la situación de derechos humanos, hemos tomado la decisión entre las organizaciones nacionales e internacionales involucradas en la misión, iniciar en seguimiento a esta misión un Observatorio de Derechos Humanos en Honduras. ________________________________________________________________
Los integrantes de la Misión de Observación sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras, han sido las siguientes personas:
·Luis Guillermo Pérez (CIFCA)
·Marcia Aguiluz (CEJIL)
·Viviana Krsticevic (CEJIL)
·Martin Wolpold-Bosien (FIAN Internacional)
·Jorge Rojas (CODHES)
·Benjamín Cuellar (IDHUCA)
·Miguel Jugo (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú)
·Javier Mujica (FIDH)
·Efraín Olivera (PIDHDD, SERPAJ)·
Enrique Santiago (IEPALA, FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS- ESPAÑA)
·Ellen Verryt (Solidaridad Mundial)
·Hans Peter Dejgaard(IBIS – Dinamarca)
·Katrin Erlingsen (Asesora del Presidente de la Comisión de Cooperación económica y Desarrollo del Parlamento alemán)
·Leo Gabriel (Instituto de Investigaciones Interculturales y de cooperación - Austria)
·Katia Nouten (CIFCA)
·Dolores Jarquín (Alianza Social Continental)
·Francois Houtart (Centro De Estudios Tricontinental)
viernes, 24 de julio de 2009
Informe de la Misión internacional de observación sobre la situación de los derechos humanos en Honduras con ocasión del golpe de Estado
sábado, 11 de julio de 2009
España: 150.000 desaparecidos por el franquismo
Sí, señoras y señores, tal vez alguno de ustedes sea incrédulo ante la cifra que les estoy presentando pero ésa es la estimación que han realizado diferentes asociaciones y organismos preocupados por resarcir, en la medida de lo posible, los crímenes de la dictadura fascista encabezada por el general Franco. ¿Y cómo se podría resarcir a día de hoy algo que sucedió hace ya mucho tiempo? Algunos argumentan que, dado el tiempo transcurrido, es mejor no tocar esas cosas del pasado. Los que tienen las manos manchadas de sangre, de robo de los bienes de otros, de robo de los hijos de otros piensan "virgencita, virgencita, que me quede como estoy". Para ello se encomiendan no sólo a dios sino también al sistema judicial español que, como sabemos, sigue plagado de amigos suyos y conniventes con la dictadura. Pero en realidad no ha pasado tanto tiempo como para permitirnos olvidar lo sucedido. Todavía hoy viven algunos de los autores de esos crímenes y sus descendientes también y, lo más importante, sobreviven los descendientes de aquellas víctimas con la misma angustia de hace décadas. Porque no estamos hablando de hechos que pasaron hace siglos sino hace unas cuantas décadas, es decir, a pesar de todos los intentos por nublarla, la memoria de los españoles sigue teniendo recuerdos nítidos de las injusticias que se cometieron y estos recuerdos han pasado de generación a generación.Muchas legislación por la "Recuperación de la Memoria Histórica", mucho rollito simbólico de quita esta placa, saca este monumento, etc. (cosas que caen por su propio peso en cualquier democracia que se precie) pero nada de nada a la hora de remangarse y meter las manos donde corresponde, esto es, en HACER JUSTICIA.
Justicia sería que un buen día en España se pudieran desenterrar a los fusilados que siguen en cunetas y otros parajes conocidos por todos los vecinos de la zona pero, curiosamente, desconocidos por las autoridades, a pesar de que aquéllos se han cansado de señalar el lugar donde f
ueron mal enterrados sus familiares. Desde que los diferentes estamentos judiciales se pelearon entre ellos para sacarse de encima el muerto de la Guerra Civil -nunca mejor dicho-, pocos han sido los tribunales que se han declarado competentes para abrir fosas. Esta tarea queda, entonces, relegada a que alguna asociación o particular se decida a llevarla a cabo (invirtiendo dinero, tiempo y esfuerzos particulares cuando es una cuestión que el Estado debería solucionar, sin duda) y, ojo, lo más importante, que la accción de esta asociación no se vea obstaculizada por un poder judicial complaciente con los crímenes de la dictadura bajo no sé qué argumentos propios de leguleyos. En definitiva, UNA VERGÜENZA. Cabe destacar aquí una excepción, la del gobierno catalán que ha decidido pagar en su territorio las labores de búsqueda de las fosas comunes. Todavía está por ver si pagarán también la exhumación de restos pero, al menos, es un cambio cualitativo respecto a otras administraciones públicas.Todo esto viene a cuento de que el otro día leía -no por gusto, que conste- una breve noticia en "El País", que podía pasar inadvertida porque parecía medio escondida para lograr ese efecto, donde se hablaba precisamente de este tema. En la noticia, cuyo título elocuente habla por sí solo, 65 asociaciones piden en La Moncloa cambiar la Ley de Memoria, pude leer que ¡¡¡¡España es el segundo país del mundo en número de muertos cuyo paradero se desconoce, sólo por detrás de los muertos en la Camboya de Pol Pot!!!! En cierto modo no me sorprendió pero lo que sí me sigue sorprendiendo -e indignando- es que sigamos tan felices ante algo tan escandaloso. A pesar de esto, la "democracia primermundista" española se permite ir por el mundo dando lecciones de civismo, de lo que es una exitosa transición a la democracia (habría que preguntarse para quién fue exitosa) y demás mentiras repetidas hasta la saciedad por los poderes fácticos hasta el punto de hacérselas creer a muchos españolitos y españolitas de a pie. Pero parece que todavía no se han dado cuenta -o no quieren darse cuenta- de que muchos otros, cada vez más numerosos aunque no se vean reflejados en sus medios de ¿comunicación?, no se tragan sus cuentos. ¿A qué esperan para hacer justicia? Un día de estos, parafraseando al Che, el pueblo va a decir basta y va a empezar a andar. Ese día se les puede desmontar su tinglado democrático con monarquía incluída. La Historia da muchas vueltas, no lo olvidemos.
martes, 7 de julio de 2009
El pulso hondureño
HERIBERTO CAIRO, ARIEL JEREZ, DÉBORA BETRISEY, ROSA DE LA FUENTE, LORENZO FERNÁNDEZ, FERNANDO HARTO, OMAR DE LEÓN, JUAN CARLOS MONEDERO, ANTONIO PALAZUELOS, JOSÉ ÁNGEL SOTILLO Y JOSÉ ANTONIO SANHAJUJA
El nuevo golpismo tiene claros sus objetivos en América Latina: dirigentes preocupados por la injusticia social que deciden consultar a sus pueblos. Como ya no resulta creíble la acusación de comunista, hoy pueden acumularse todos los males en un nuevo marco: populista. Una vez calificado así un Gobierno, con la complicidad de los científicos sociales que se empeñan en estigmatizar los procesos democratizadores surgidos en los últimos años en el continente, se puede sembrar informativamente todo tipo de dudas sobre las que, después, justificar su derrocamiento. No otra cosa ha hecho la oligarquía hondureña (sabrán disculpar vocablo tan añejo, pero no son menos añejas las familias ahí representadas).
Ha quedado claro que el delito del presidente Zelaya no tiene que ver con la consulta sobre la reelección ni con la pretensión de un cambio constitucional. El “oligarca traidor” Zelaya cruzó dos rayas: intentar contar con la población para crear un proyecto participativo que supere la histórica depresión de Honduras e incorporar a este país a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA). Hasta hace poco, buena parte de los expertos latinoamericanistas parecían estar de acuerdo con que la región había alejado estos fantasmas golpistas, pero de pronto empiezan a aparecer nuevas justificaciones que llevan a preguntarse: ¿qué hay detrás de esta operación?
Muy posiblemente haya una sofisticada estrategia de contención política y distorsión ideológica, cuyo principal objetivo es instalar en las diversas esferas públicas nacionales e internacionales el miedo al cambio social y político que puedan promover las mayorías populares. En la coyuntura de crisis internacional, son los gobiernos progresistas latinoamericanos los únicos que pueden liderar un bloque capaz de cuestionar la reforma global propuesta por los gobiernos del norte, quienes dejan el pretendido “cambio de modelo” (que no de sistema) en manos de los creadores y gestores de las múltiples burbujas especulativas.
Las élites del establishment global y sus aliados locales vienen dejando claro que no se puede pretender ir tan lejos. Con una nueva combinación de capitales financieros, políticos, simbólicos y mediáticos trabajando en la lógica think tanks, y contando con la gigante e infatigable capacidad de emisión de las industrias informativas, su primer paso es sembrar en sus latifundios mediáticos algunos monocultivos discursivos para monopolizar el debate público.
En este caso cabe destacar las narraciones acerca del factor de desestabilización que encarnaría Chávez y el eje bolivariano. Un articulista que firma su texto como ex guerrillero y consultor internacional para la resolución de conflictos –un ejemplo en sí mismo de la evolución ideológica deseable por el pensamiento elitista para todo revolucionario– llega a equiparar sin explicación alguna los petrodólares ideológicos del ALBA con los narcodólares criminales. Ocultando que los segundos financian tanto la violencia necesaria para asegurar sus cuotas de mercado criminal como exquisitos shopping center desde los que se sigue regando el imaginario consumista que las élites pretenden ya como un derecho humano fundamental: vivir en una depauperada ciudad del Sur con el lifestyle de Miami que nos vende la ventana catódica. E ignorando que la estrategia de venta de petróleo a precio político promovida por el ALBA –por debajo del mercado internacional y con posibilidad de pago diferido– es a cambio de activar políticas sociales redistribuidoras que sí están promoviendo la inclusión social de importantes sectores sociales antes excluidos. ¿Es ilegítimo disputar por esta vía los Tratados de Libre Comercio impulsados desde los gobiernos neoliberales de Estados Unidos e impuestos con alta corrupción por los gobiernos del continente?
Por supuesto que el “periódico global en español” o los analistas políticos de “reales institutos” no se hacen esta pregunta, por lo que no dudan en apoyar, al menos en un primer momento, los argumentos de los golpistas en Honduras. Alineados con intelectuales neocons, se apoyan las tesis constitucionalistas más reaccionarias –la ley no se puede cambiar aunque se cuente con el apoyo popular necesario–. Los que quieren el cambio son así los responsables de polarizar la vida política y romper la “unidad” de estas naciones democráticas. No se cuestionan los consensos conservadores muñidos en etapas de represión y desarticulación social, ni dinámicas institucionales abiertamente corruptas, ni las vertiginosas desigualdades que no dejan más futuro a las nuevas generaciones de origen popular que la desnuda explotación o la violenta ascensión social en el narcotráfico.
Lamentablemente, vemos cómo estas tesis neoconservadoras cuentan en nuestro país con extraños compañeros de viaje, abiertamente implicados en el entramado de la manipulación política de las transnacionales en América Latina. Su vehemente condena del populismo progresista contrasta con el silencio mantenido sobre regímenes conservadores también calificables de populistas como los de Collor de Mello, Menem, Fujimori, Uribe y también Berlusconi. Tras décadas de sufrir el sambenito de utópicos por parte de estos ejemplares reformistas que nos imponían el modelo neoliberal, toca ahora pedirles que sean realistas y pragmáticos y reconozcan que las reformas necesitan la fuerza del poder para conseguir reacomodos sociales y políticos. ¿Es posible pensar en reformas incluyentes sin que los poderosos pierdan parte de sus estratosféricos privilegios?
El presidente Zelaya seguirá intentando retornar a su país a pecho descubierto y necesita el apoyo de todos, incluida la socialdemocracia europea, como en tiempos hiciera Olof Palme.
Profesores del máster de Estudios Contemporáneos de América Latina de la Universidad Complutense de Madrid
Honduras: militares asesinos
A día de hoy, Honduras sigue siendo una democracia secuestrada donde ya van unos cuantos muertos y unos 800 detenidos, más los desaparecidos que esperemos que aparezcan cuando todo esto pase. Me hace gracia pensar en la presteza de EEUU a la hora de ir a "liberar" a los iraquíes del malvado Saddam Hussein y llevarles la "democracia". Pero cuando se trata de un golpista amigo -al fin y al cabo amigo aunque su canciller haya metido la gamba diciendo que "el negrito no sabe dónde queda Tegucigalpa y lindezas por el estilo- miramos para arriba y silvamos haciéndonos los despistados. A lo máximo que ha llegado, de momento, el Imperio es a suspender sus maniobras militares conjuntas con el ejército hondureño. Un ejército al que ellos mismos adiestraron en aquella aciaga década de los 80 cuando Centroamérica no era más que un tablero donde EEUU jugaba su particular partida de ajedrez contra el enemigo comunista (al que veían por doquier).
La Guerra Fría acabó sobre el papel pero, por lo visto, su lógica no desapareció de la mente de los que siguen mandando en EEUU. Y cuando hablo de los que mandan, hablo de los que mandan de verdad. No de Obama ni de cualquier otro títere que ponen ahí para gestionar sus intereses.
Veremos cómo prosiguen los acontecimientos. Por lo pronto, yo no veo una salida clara a todo este asunto. Mi particular punto de vista es que no habría que ceder ni un milímetro con los golpistas porque eso puede significar un paso atrás que corre el riesgo de extenderse a otros procesos emancipatorios latinoamericanos. Si triunfan los golpistas, aunque sea un triunfo moral en algún pequeño aspecto, las oligarquías bolivianas, venezolanas, ecuatorianas, etc., se envalentonarán y verán que subvertir los procesos puede realizarse, incluso, ante la mirada impasible de la comunidad internacional. Si países como EEUU o los países de la Unión Europea miran para otro lado en el tema de Honduras y no hacen siquiera el esfuerzo de aparentar ser defensores de la democracia, entrarán en una nueva fase de deslegitimación ante los pueblos latinoamericanos y ante sus propios pueblos. Ante los primeros ya están más que deslegitimados, es por ello que los pueblos latinoamericanos están buscando su propio rumbo haciendo oídos sordos de las "recomendaciones" del "establishment" hegemónico internacional. Sin embargo, los pueblos norteamericano y europeo puede despertar de su letargo y empezar a pedir cuentas a lo que ellos creían que eran sus "gobiernos democráticos". Ese día el actual orden mundial injusto y denigrante que impone el sistema capitalista va a iniciar una rápida cuenta atrás en su agonía. Cuando se unan las luchas del centro con la periferia, por decirlo en términos de otras décadas, el capitalismo imperialista tendrá los días contados. América Latina es hoy en día el espejo en que se miran los luchadores de los países desarrollados y de aquí se pueden sacar muchas conclusiones. Tiempo al tiempo...
El golpe de Estado en Honduras: Caracterización, evolución y perspectivas
Por Leticia Salomón*
[Este artículo es continuación de otro que se difundió el 29 de junio, titulado: "Honduras: Políticos, empresarios y militares: protagonistas de un golpe anunciado"]
3 de julio de 2009
A. SE INTENSIFICA LA POLARIZACIÓN
El golpe de Estado producido en la madrugada del Domingo 28 de junio, ha ido evolucionando e incorporando nuevos elementos del contexto nacional e internacional. Los bandos confrontados afinan sus estrategias, reafirman sus posiciones, trabajan por su imagen y evalúan constantemente su situación. Ambos saben que el tiempo es importante, que los plazos se vencen y que la situación debe resolverse en un tiempo muy corto. En lo interno ambos bandos miden sus fuerzas (empresarios, iglesias y medios, moviendo a sus empleados y feligreses, y los otros sumando nuevas fuerzas sociales: maestros, mujeres, indígenas, y ONGs locales y regionales), mientras en el plano internacional el balance se inclina totalmente hacia uno de ellos, en este caso hacia el presidente constitucional de la república. Estos días en que transcurre el plazo de la OEA, el bando del presidente constitucional reactiva juicios, gira órdenes de captura que no había ejecutado antes contra ex funcionarios y saca órdenes de captura con fechas anticipadas para sustentar las acusaciones contra el presidente.
Mientras el bando del primero protege a los manifestantes que apoyan al presidente de facto con acciones de limpieza de calles y resguardo directo realizadas por militares y policías, también reprime a los manifestantes que lo cuestionan, cierran el paso en las carreteras, disparan a las llantas a los vehículos que no se detienen y bajan de los autobuses urbanos e interurbanos a las personas que circulan por áreas de alto tráfico vehicular, para evitar que se concentren en manifestaciones de apoyo al presidente constitucional. El bando del presidente de facto intensifica las denuncias de corrupción, injerencia chavista, violación a la constitución, narcotráfico, anarquía, desequilibrio mental del presidente y complicidad de sus allegados, esperando mantener el rechazo al retorno del presidente constitucional con más fuerza que las exigencias de la OEA y de los países e instituciones que lo han exigido. El bando del presidente constitucional intenta abrir una brecha en el sistema judicial que se mantiene cerrado en torno al Presidente de facto, presentando una acción legal ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, solicitando que, como medida cautelar, se ordene la repatriación inmediata del Presidente José Manuel Zelaya Rosales. Mientras el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos se mantiene firme en su adhesión al Presidente de facto (ha mantenido silencio personal e institucional ante la violación de las garantías constitucionales vinculadas al toque de queda y la represión de manifestantes), los organismos de derechos humanos civiles, CODEH y COFADEH, muestran un apoyo creciente al presidente constitucional. La estrategia del presidente de facto hacia el exterior no termina de definirse y no sólo no avanza sino que enfrenta numerosas complicaciones. Una de ellas está relacionada con el propio presidente de facto que no termina de darle coherencia a su discurso y legitimidad a su involucramiento en el golpe de Estado, cayendo en numerosas contradicciones ante la prensa internacional. Otra de ellas se relaciona con el Canciller de facto que mira el mundo como una aldea y conserva una visión inadecuada de las relaciones internacionales; finalmente, el fracaso del llamado a embajadores clave para que se presenten en Tegucigalpa a recibir instrucciones o destituirlos según el caso, pues hasta ahora únicamente ha recibido el respaldo incondicional del embajador de Honduras en Washington que afirma con gran certeza, sin haber estado en el país, que aquí no ha habido golpe de Estado y tampoco rompimiento del orden constitucional, apoyando con ello la posición del presidente de facto. Menos expuesto a la opinión pública, pero en el mismo plano, se encuentra el embajador de Honduras en Bruselas, quien es hijo del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. B. EL CONTEXTO NACIONAL 1. Alteración del orden constitucional El bando del presidente de facto se ve en apuros para sostener que lo que pasó en Honduras el domingo 28 fue una simple y normal sustitución. No puede explicar porqué presentaron una supuesta renuncia del presidente constitucional con fecha del 25 y la aceptaron hasta el 28, y mucho menos porqué una orden de captura emitida por un magistrado de la corte, la dirigió por escrito al Jefe del Estado Mayor Conjunto el 26, cuando éste es un asunto exclusivamente policial, o explicar también porqué no canalizó esa orden al Secretario de Defensa por ley. Mucho menos puede explicar porqué el Jefe del Estado Mayor Conjunto, en decisión colegiada de la Junta de Comandantes, ejecutó la orden de arrestar a un supuesto delincuente, quien además era su superior jerárquico y, en lugar de entregarlo a los tribunales para que fuera juzgado, irrumpió en su casa, lo condujo contra su voluntad hacia la Fuerza Aérea y lo mandó a dejar a otro país. Lo interesante del caso es que cuando los periodistas extranjeros lo abordaron sobre algunas de estas inquietudes el presidente de facto dijo que no sabía nada al respecto y los remitió a los que ordenaron y ejecutaron el hecho, en abierta alusión al magistrado que firmó y al militar que ejecutó u ordenó hacerlo, que fue el Jefe del Estado Mayor Conjunto. Por más esfuerzos que hace el bando del presidente de facto por estructurar una explicación mínimamente aceptable, asesorado por abogados, políticos de tradición golpista y militares activos y retirados, con una gran experiencia en estas actividades, no pueden explicar porqué se impidió que un presidente electo por mayoría de votos en las elecciones de 2005 terminara su período gubernamental, si no existe en el país la figura del mandato revocatorio y tampoco esa facultad en el Congreso Nacional, y menos que se le haya seguido un juicio a la altura de su dignidad presidencial. El bando del presidente de facto ha insistido en afirmar que no se ha producido ningún golpe de Estado y cita para ello una colección de razones, comparaciones y justificaciones que tratan de evadir lo obvio: que se violó la constitución de la república cuando lo condenaron (al exilio) sin el debido proceso, cuando se nombró a un sustituto en circunstancias y condiciones dudosas, y cuando han realizado varias actividades igualmente violatorias, relacionadas con lo siguiente: establecimiento de un toque de queda que impide la libre circulación de la ciudadanía por cinco días y con posibilidades de prórroga; cierre de radios y canales de televisión afines al gobierno constitucional; restricciones a los periodistas para hablar del presidente constitucional (y ninguna para los que están en contra); represión de las manifestaciones a favor del presidente constitucional (y protección de las manifestaciones a favor del gobierno de facto); detención de las personas cercanas o afines al presidente constitucional (se mantienen en los cuarteles o se expulsan del país); aparecimiento del Jefe del Estado Mayor Conjunto al lado del Presidente defacto en concentraciones públicas, cuando existe un mandato constitucional que establece que las Fuerzas Armadas son obedientes, apolíticas y no deliberantes. 2. El sistema de justicia al servicio del golpe El sistema de justicia, fuertemente partidizado, se convirtió en un facilitador jurídico en todo el proceso del golpe. La situación se mantiene en la actualidad y se ha podido observar la actitud que asumen sus máximos exponentes al ser entrevistados por cadenas nacionales e internacionales, en particular el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de la República, olvidando la presunción de inocencia y asumiendo la culpabilidad del presidente, sin haberlo sometido a un juicio transparente, apegado a ley y sin sesgo político partidario. 3. El Involucramiento político-militar en el golpe La actividad más intensa la mantienen el presidente Constitucional en el ámbito internacional y, en el ámbito nacional, el presidente de facto, las Fuerzas Armadas, la Policía, el Fiscal General de la República y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Todos los otros actores políticos han pasado a asumir un papel de observadores atentos del proceso, siempre listos a brindar el apoyo. Es el caso del Congreso Nacional, la Procuraduría General de la República y el Comisionado General de los Derechos Humanos. 4. El Involucramiento económico- religioso y mediático en el apoyo Los empresarios mantienen un apoyo activo, sabiendo que los días cercanos a la decisión de la OEA son fundamentales para ganar cierto espacio en el ámbito internacional; por ello movilizan a sus empleados para que participen en las manifestaciones públicas, organizan las mismas y financian parcialmente los costos. Las iglesias aseguran el resguardo militar y policial, elaboran algunas consignas y movilizan a sus feligreses. Los medios continúan con una defensa cerrada del golpe de Estado, con excepción de Diario Tiempo y Radio Progreso en el norte del país; los medios menores se han abierto un poco pero siguen posicionados al lado del presidente de facto, lo que hace que se mantenga el nivel de desinformación sobre lo que ocurre con las manifestaciones en favor del presidente constitucional. El internet facilita la comunicación nacional e internacional que ha permitido conocer lo que ocurre en el interior del país, y los pronunciamientos y adhesiones de personas, grupos e instituciones que rápidamente se difunden a todos sus contactos. 5. Organización del gobierno defacto y distribución de cuotas de poder De manera lenta pero precisa se va organizando el gobierno de facto y se van distribuyendo cuotas a los participantes en el proceso golpista, incluidos los militares retirados, lo cual debe llamar la atención hacia una posible remilitarización del Estado, esta vez con militares retirados ocupando puestos clave vinculados a la seguridad nacional, mismos que hasta ahora estado en manos civiles. Un mensaje peligroso ha sido enviado con el nombramiento de un ex oficial de inteligencia en la Dirección de Migración, existiendo la expectativa de que también sean colocados en otros cargos clave como Marina Mercante y Empresa Nacional Portuaria. 6. Manipulación de la opinión pública Las manifestaciones a favor del presidente de facto se encuentran impregnadas de ataques frontales con mensajes subliminales: los ataques vienen de los políticos, empresarios y medios de comunicación (intromisión de Chávez, irrespeto a la legalidad, calificativos de provocador y farsante) y los mensajes (Dios, paz, democracia, diálogo, estabilidad orden, patria y no violencia) además de camisas blancas, banderas de Honduras, entonación del himno nacional, revelan una marcada influencia religiosa (de hecho, las cúpulas de las iglesias católica y evangélica se inclinaron por el golpe de Estado y se han constituido en un factor clave, junto a los empresarios, en la movilización de manifestantes). Un hecho interesante de destacar es que gradualmente van cambiando el sujeto/objeto de la movilización. De apoyar a Micheletti han pasado a "apoyar a la democracia" en un intento de despersonalizar la adhesión a la causa golpista, tratando de mantener un esfuerzo integrador que incluya a todas las preferencias religiosas y respete las preferencias partidarias de los manifestantes, lo que combina muy bien con el papel de los medios de comunicación y lo que afirma el presidente de facto cuando finaliza sus intervenciones públicas diciendo: "¡Dios está con nosotros!". C. EL CONTEXTO INTERNACIONAL 1. El rechazo al golpe El rechazo a la alteración del orden constitucional en Honduras por parte de países y organismos regionales e internacionales, ha sido fundamental en este momento. Es claro para todos que el elemento aglutinador de la diversidad ha sido el repudio a una práctica del pasado que reaparece como amenaza a los procesos democráticos que se construyen en nuestro continente, con dificultad pero con firmeza. Personas y organizaciones académicas, gremiales y de derechos humanos han sumado su voz de protesta y han condenado el golpe de Estado del pasado 28 de junio. La ocasión constituye una gran prueba para conocer y valorar el nivel de compromiso internacional con la estabilidad de gobiernos legítimamente constituidos. El mensaje ha sido (y debe ser) claro, no sólo para los militares que se han mantenido siempre como espectadores desconfiados de procesos democráticos que no terminan de comprender, sino también para los políticos que se enfrascan en rivalidades intra e interpartidarias que socavan su legitimidad y la de las instituciones en las que se insertan. 2. La ideologización del golpe en el contexto internacional a. El papel de los Estados Unidos
Desconfianza, recelo y muchas dudas relacionadas con el pasado autoritario, hacen que se genere una suspicacia, a veces extrema, en relación al papel de los Estados Unidos en el reciente golpe de Estado. La tradicional subordinación de las Fuerzas Armadas a los intereses estadounidenses y al papel que juegan o han jugado los embajadores norteamericanos para dirimir conflictos políticos o sociales en el ámbito interno, son de sobra conocidos en nuestro país y en nuestra América. De ahí la importancia del papel que asuma los Estados Unidos ante el golpe de Estado producido, sabiendo que se encuentra en una situación un tanto incómoda: evidenciar que lo sabían y que no pudieron hacer nada para impedirlo (porque no fueron capaces de controlar a sus socios en una aventura golpista), argumento con muy poca credibilidad, o que sabían de la decisión y no quisieron hacer nada, (porque hicieron una lectura inadecuada de los hechos y circunstancias, o porque quisieron probar el rumbo que seguirían los acontecimientos), argumento con más credibilidad que el anterior, si lo relacionamos con algunos hechos que pudieron influir en esta decisión, como la antipatía mutua entre el presidente y los diputados del Congreso Nacional, el rechazo de los empresarios al presidente por sus "excesos sociales", incomodidad con el estilo presidencial de decir y hacer las cosas (confrontativo, burlón, imprudente, franco, directo) y desconfianza propia hacia el acercamiento público entre Zelaya y Chávez. Lo curioso del caso es que al presidente constitucional solamente le faltan siete meses para terminar su período gubernamental, ninguno de los candidatos presidenciales con posibilidades de triunfo tiene inclinaciones izquierdistas, ni mucho menos, y que no existía ninguna amenaza real de que el presidente convocara a una asamblea nacional constituyente (hasta los hechos invalidan esta amenaza, pero es tan irrisorio que es casi imposible de creer: apoyar (si o no) la colocación de una cuarta urna en las elecciones generales de noviembre, para votar por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que revisara y creara una nueva Constitución de la República. Crearla sería una potestad del Congreso Nacional y nunca del Presidente de la República porque no tiene esas atribuciones). b. El papel de Chávez
La manipulación creada en el interior del país en relación a viejos fantasmas ideológicos (Democracia/Comunismo), influyendo en la opinión pública a través de las iglesias y los medios de comunicación, están contribuyendo a polarizar aún más a la sociedad hondureña. En la confrontación van apareciendo consignas de los defensores y los detractores de Chávez, lo cual tiende a minimizar el aspecto clave del golpe de Estado que fue y sigue siendo la violación de la Constitución de la República, desde el momento en que la Corte Suprema de Justicia ordena capturar al presidente constitucional sin haber iniciado y desarrollado un juicio, situación agudizada por las Fuerzas Armadas que ejecutan la orden y deciden, de acuerdo a un poder arbitral totalmente deformado, que lo más beneficioso para el Estado era su expulsión del país. Asumir estos mismos criterios e insertar el golpe de Estado en el contexto de diferencias ideológicas que se observan en nuestro continente, es un error que tiende, como siempre, a minimizar las causas internas y a forzar salidas que involucren a otros países y otras ideologías. El golpe de Estado en Honduras debe motivar a los estudiosos del tema a realizar análisis profundos, responsables e integradores que incorporen los elementos que han aflorado y estallado en Honduras, y que pueden ocurrir en otros países del continente, considerando, por supuesto, las diferencias que se dan en sus respectivos procesos de desarrollo democrático. Así como en Honduras el dilema entre los que están a favor o en contra del presidente constitucional ha ido cediendo ante el posicionamiento entre los que están a favor y los que están en contra del golpe de Estado, de la misma manera los estudiosos y analistas internacionales deben extremar su cuidado para no insertar el tema del golpe de Estado en Honduras en un contexto ideológico polarizado entre los que están con Chávez y los que están con Estados Unidos, porque desviarían la atención entre un hecho real y un hecho posible, añorado por unos y manipulado por otros. D. ELEMENTOS CLAVE EN LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO Hay tres aspectos clave que tienen que enfrentarse para encontrar una solución al conflicto expresado a través del golpe de Estado: a) Restitución del presidente constitucional en su cargo, b) Deducción de responsabilidades a todos los que violaron la ley y c) Acuerdo para crear una nueva constitución. Ningún otro tema es central para solucionar la crisis porque las elecciones de noviembre nunca han estado en riesgo y el acercamiento del presidente constitucional con Chávez no constituye una amenaza para el país. · Restitución del Presidente constitucional en su cargo
Este hecho será fundamental para la estabilidad política y social del país y para garantizar el desarrollo normal de las elecciones generales en noviembre próximo. Igualmente, para impedir que otro presidente se vea expuesto en el futuro a la interferencia de otros poderes del Estado que le imposibiliten terminar el período gubernamental para el cual fue electo. Lo anterior debe ser independiente de a) la cantidad de personas que lo aclame (no está obligado a demostrar popularidad porque ya la demostró en las elecciones de noviembre de 2005), b) la opinión de personas o grupos sobre la calidad de su gestión (no existe en el país el mandato revocatorio), c) la cantidad de acusaciones que le hagan (si están legalmente sustentadas debe enfrentarlas en juicio) d) la antipatía que le tengan los políticos, empresarios o líderes religiosos, e) la culpa que haya tenido en la polarización del conflicto (de la misma manera en que se rechaza el escote de un vestido como causa de una violación) y g) la antipatía que le tenga la Junta de Comandantes. · Deducción de responsabilidades a todos los que violaron la ley
Esto incluye a) al presidente de la república, quien una vez restituido en su cargo deberá enfrentar las acusaciones que le han hecho y ante las cuales no le han dado oportunidad de defenderse. Dada la politización partidaria de la Corte Suprema de Justicia y el antecedente de que han vertido opiniones sobre el acusado al que deberán juzgar, hechos que no garantizan un juicio justo, deberá asegurarse la participación de jueces internacionales; b) iniciar juicios contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia que firmó la orden de captura contra el Presidente de la República, sin el respeto al debido proceso c) contra el Fiscal General de la República, que solicitó la orden de captura y evidenció juicios en contra del acusado d) contra la Junta de Comandantes que acató una orden irregular y cometió el delito de expulsar del territorio hondureño por la fuerza a un ciudadano de este país quien además era su Comandante en jefe y e) contra el entonces presidente del Congreso Nacional y actual presidente de facto, por falsificación de documentos públicos para alterar el orden constitucional, como la supuesta carta de renuncia del presidente constitucional de la República. Un juicio público deberá hacerse a) contra los operadores de justicia (Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y Policía) por atentar contra el Estado de Derecho y contribuir al rompimiento del orden constitucional, b) contra el Congreso Nacional por su contribución activa en el rompimiento de ese orden, c) contra los partidos políticos, como instituciones que guardaron silencio cómplice ante lo que hacían sus militantes en todos los poderes del Estado, situación que apenas se está rompiendo por dos partidos pequeños, PINU y UD, y d) contra los oficiales y soldados que reprimieron con exceso de fuerza a los manifestantes que apoyaban al presidente constitucional. · Acuerdo para crear una nueva Constitución
Dado que el detonante del golpe de Estado se relaciona con la consulta ciudadana encaminada a crear una nueva constitución, situación que subyace en la necesidad de que la ciudadanía participe en la toma de decisiones sobre los grandes temas nacionales, se vuelve necesario diseñar un mecanismo legal para que, a futuro, no vuelvan a perseguir a un presidente o un ciudadano que plantee la necesidad de cambiarla. Esto es importante por el vacío jurídico que tiene la constitución de 1982, que no previó mecanismos legales para la creación de una Asamblea Nacional Constituyente cuya misión exclusiva sea crear una nueva constitución sin que el proceso vaya precedido por un golpe de Estado. E. TAREAS PENDIENTES 1. EN EL CORTO PLAZO a. Aceptar la renuncia a la Junta de Comandantes pues es comprensible que, a partir de lo sucedido, se imposibilita cualquier relación jerárquica del presidente constitucional y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, con la cúpula militar.
b. Desmilitarizar el país y las instituciones. Los militares deben literalmente volver a sus cuarteles, para reafirmar un clima de tranquilidad que necesita urgentemente el país.
c. Evaluar el papel de la Policía durante el Golpe de Estado: si fue para garantizar la seguridad pública o para garantizar el mantenimiento de un gobierno de facto.
d. Establecer un pacto por la despolitización partidaria del sistema de Justicia: elemento clave para garantizar la seguridad jurídica y recuperar confianza ante hondureños y extranjeros.
e. Aprobar mecanismos democráticos de participación ciudadana: el plebiscito y el referéndum a nivel nacional deben ser una puerta que asegure la participación y no un freno que limite su derecho a opinar.
f. Establecer mecanismos para garantizar la independencia de poderes. Para permitir que cada poder se dedique a sus funciones sin injerencia de otros poderes en ningún aspecto de su desempeño.
g. Pacto político-social para la realización de elecciones generales sin confrontación, con propuestas y con visión de país. El sistema político-electoral debe recuperar legitimidad ante la ciudadanía y anticiparse al peligro de un desencanto político que se exprese en un fuerte abstencionismo en las elecciones de noviembre.
h. Institucionalizar mecanismos permanentes de participación ciudadana en la evaluación del rumbo que sigue el país en cada gobierno. Para evitar que los conflictos políticos y sociales lleguen al límite y dar la oportunidad a los dirigentes locales y nacionales que enmienden errores y atiendan las verdaderas necesidades de una agenda social. 2. MEDIANO PLAZO a. Definir (recordar, precisar) el papel de las Fuerzas Armadas en la Democracia. Para que civiles y militares conozcan el sentido real de la democracia y asuman su papel en aspectos clave del proceso de desarrollo democrático.
b. Recuperar la condición laica del Estado hondureño. El ámbito de las diversas denominaciones religiosas no está en el ámbito público y no deben utilizarse como maquinarias de apoyo político de ningún tipo. Pueden jugar un papel fundamental para el desarrollo democrático en el ámbito privado, creando valores esenciales de la democracia como pluralismo, tolerancia y respeto a la diversidad, que tanto necesita nuestra sociedad.
c. Realizar un diálogo ciudadano sobre el papel de los medios de comunicación en la democracia. Para recuperar la imagen de medios comprometidos con los intereses generales de la sociedad, con profesionalismo, objetividad y respeto a la ciudadanía y a las autoridades.
d. Intensificar la capacitación en cultura política democrática. Para conocer más y mejor la Constitución de la República, nuestros deberes y derechos como ciudadanos. Las universidades pueden jugar un papel fundamental en este tipo de tareas.
e. Desarrollar programas de prevención y solución pacífica de conflictos. Para contar con equipos profesionales en los partidos, organizaciones sociales e instituciones del Estado y poder prever los conflictos políticos y sociales, y encontrarle soluciones pacíficas cuando estos hayan estallado.
* Socióloga y economista hondureña, especialista en temas de defensa, seguridad y gobernabilidad
domingo, 5 de julio de 2009
Honduras. Políticos, empresarios y militares: protagonistas de un golpe anunciado
HONDURAS.
POLÍTICOS, EMPRESARIOS Y MILITARES: PROTAGONISTAS DE UN GOLPE ANUNCIADO
Leticia Salomón
A. LOS HECHOS
1. LA DETENCIÓN Y EXPATRIACIÓN DEL PRESIDENTE
El domingo 28 de junio de 2009, un contingente de militares rodearon la residencia del Presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales (2006-2010), lo detuvieron, lo trasladaron a la Fuerza Aérea Hondureña y lo enviaron a Costa Rica, en un acto similar al que realizaban los militares en el pasado cuando querían deshacerse de los antiguos Jefes de las Fuerzas Armadas. El detonante principal fue la convocatoria a una encuesta de opinión a realizarse ese mismo día, promovida por el Presidente de la República, a través de la cual se le consultaría a la ciudadanía si deseaba que en las elecciones de noviembre se colocara una cuarta urna (las otras tres corresponden al Presidente, a los diputados y a los alcaldes) para votar por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente en el 2010, cuyo fin primordial sería la elaboración de una nueva Constitución de la República.
2. EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL GOLPE DE ESTADO
El golpe de Estado se venía gestando desde varios días atrás, alimentado por una confrontación creciente entre los tres poderes del Estado, específicamente entre los poderes Legislativo y Judicial contra el Poder Ejecutivo. Una de las manifestaciones más evidentes fue el desconocimiento por dos poderes del Estado, de la decisión del Presidente de la República de destituir al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, por negarse a cumplir una orden del Ejecutivo, facultad establecida en la propia Constitución de la República que se enmarca dentro de la subordinación jerárquica de las Fuerzas Armadas al poder legítimamente constituido. La restitución del mencionado General en su cargo en una operación relámpago por parte de la Corte Suprema de Justicia y similar acción por parte del Congreso Nacional, que llegó al extremo de declarar héroe nacional al militar, constituyó un atentado a la independencia de poderes y llevó al límite la negativa de ambos poderes a realizar una consulta ciudadana.
La decisión de consumar el golpe de Estado se tomó el jueves 25 de junio cuando el mismo Presidente del Congreso pidió al pleno declarar deshabilitado al Presidente de la República para continuar desempeñando su cargo, y procedió a constituir una Comisión de Dictamen cuya resolución no se produjo con la celeridad que se esperaba, lo que unido a la cautela del Embajador de los Estados Unidos para apoyar la inhabilitación, impidió que el golpe de Estado se consumara ese mismo día.
3. EL DESENCADENANTE
La Constitución vigente en Honduras data de 1982 y en ella no se contemplan los mecanismos para revisarla y crear una nueva. Los constituyentes de la época, conscientes de las debilidades de los partidos políticos tradicionales, establecieron un conjunto de artículos denominados “pétreos” y una advertencia encaminada a considerar como delito cualquier intento de reformarla. La iniciativa del Presidente Zelaya de impulsar una consulta/encuesta ciudadana para preguntarle a la ciudadanía si quería que se colocara una cuarta urna en las elecciones generales de 2009, para decidir sobre la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que se encargaría de reformar la constitución, recibió una reacción adversa de la clase política que recordaba constantemente que en el pasado autoritario esa propuesta llevaba implícita un golpe de Estado y, derivado de ello, el empeño continuista del Presidente de la República. A partir de ese momento, todo intento del Presidente para realizar la consulta chocaba con la oposición del Poder Legislativo, primero, y del Poder Judicial, después. Ambos intensificaban su oposición emitiendo constantes y veloces fallos de ilegalidad a las iniciativas del poder Ejecutivo, relacionadas con la cuarta urna, ya sea en la fase de consulta o en la fase de encuesta.
B. LA ALIANZA POLÍTICO-ECONÓMICA-MEDIÁTICA
Lo anterior permitió la confluencia de intereses diversos:
1. intereses político-partidarios, que aglutinaron a seguidores del Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, candidato perdedor en las elecciones primarias del partido Liberal, con un fuerte resentimiento con el presidente del Poder Ejecutivo por no haberle dado el apoyo suficiente para asegurar su triunfo; militantes del partido Nacional, que vieron la iniciativa del Presidente Zelaya como una amenaza al triunfo del candidato de su Partido, Porfirio “Pepe” Lobo; diputados de dos de los tres partidos pequeños, Pinu y Democracia Cristiana, que se posicionaron al lado del presidente del Congreso Nacional en la confrontación de poderes del Estado (la excepción la constituyó el partido Unificación Democrática de tendencia izquierdista y con muy poca representación en el parlamento).
2. Intereses político-institucionales, en torno a los que se agruparon las siguientes instituciones: a) Corte Suprema de Justicia, de cuyos miembros ocho son del partido Liberal, incluido su presidente, y siete son del partido Nacional. Todos ellos fueron nombrados por el Congreso Nacional a propuesta de una Junta Nominadora, pero todos guardan un alto nivel de subordinación hacia el partido que votó por ellos y, en el caso del Presidente (de la Corte Suprema) mantiene una relación de dependencia directa con respecto al Presidente del Congreso Nacional b) Ministerio Público, dirigido por el Fiscal General, perteneciente al partido Liberal, y el Fiscal General Adjunto, del partido Nacional, ambos nombrados recientemente por el Congreso Nacional luego de fuertes negociaciones entre las bancadas en las que el presidente Micheletti jugó un papel activo c) Procuraduría General de la República, liberal nombrada por el Congreso Nacional y con fuerte dependencia de su partido d) Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, reelecto por el Congreso Nacional luego de intensas negociaciones con el partido Liberal y e) Tribunal Supremo Electoral, organismo altamente partidizado cuyo presidente pertenece al partido Liberal y mantiene vínculos directos con el presidente del Congreso.
3. Intereses económicos, que juntaron a dirigentes empresariales de las organizaciones gremiales, Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y Asociación Nacional de Industriales (ANDI), que estaban disgustados con la decisión presidencial de aumentar unilateralmente el salario mínimo en diciembre anterior, a pesar de la negativa empresarial a aumentarlo.
4. Intereses mediáticos, que hicieron confluir a los principales dueños de medios de comunicación a) Rafael Ferrari, del Partido Liberal, dueño de canales de televisión 3, 5 y 7, y de una cadena de radio y varias radios menores, b) Carlos Flores, también del Partido Liberal, ex presidente de Honduras y dueño de Diario La Tribuna, de mucha influencia en la zona central del país y padre de la Vicepresidenta del Congreso Nacional a quien colocó por su amistad con Roberto Micheletti, entonces Presidente del Congreso Nacional, con una relación de dependencia hacia el ex presidente; c) Jorge Cañahuatti, del Partido Nacional, dueño de los diarios El Heraldo y La Prensa, con fuerte influencia en la zona central el primero y nacional el segundo, confrontado con el gobierno desde el inicio, por cuestiones partidarias y por quedar excluido de los contratos del gobierno. Desde dos años atrás el presidente comenzó a señalar a los "poderes fácticos" que lo presionaban para conseguir beneficios económicos, dentro de los cuales se encontraban los empresarios de medios de comunicación y otras actividades económicas, que se han señalado.
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C. LOS ARGUMENTOS SEÑALADOS
1. El presidente quería imponer la democracia participativa
La clase política del país, representada en el Congreso Nacional a través de los partidos actualmente constituidos, ha manifestado una resistencia creciente a aceptar nuevas formas de democracia, como la participativa, argumentando que la democracia representativa es la única forma de ejercicio de la democracia y que los diputados al Congreso Nacional son los únicos facultados para opinar sobre los asuntos públicos. La idea de consultar a la ciudadanía para opinar sobre un asunto de trascendencia nacional, como la creación de una nueva Constitución adaptada a los cambios que ha experimentado el contexto nacional e internacional luego de 28 años de haber sido emitida, alteró la calma legislativa y sus diputados comenzaron a argumentar que la Constitución de la República no se podía cambiar porque los constituyentes que emitieron la Constitución de 1982, actualmente vigente, decidieron que habían artículos pétreos que hacían imposible que la Constitución fuera reformada.
2. El Presidente desobedeció las órdenes judiciales
La insistencia del Presidente de la República de continuar adelante con la idea de la cuarta urna, pese a la oposición del Poder Legislativo, secundada por el Poder Judicial, llevó al límite la confrontación entre los poderes del Estado y todos ellos terminaron con argumentaciones y contra argumentaciones jurídicas que evidenciaron la politización partidaria del Poder Judicial que se posicionó al lado del Poder Legislativo en el conflicto entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. De esta manera, lo que pudo haber sido un conflicto exclusivamente jurídico, que debía resolverse en los tribunales de Justicia, se convirtió en un problema esencialmente político que se manejó públicamente como problema jurídico, aunque privadamente, a través de negociaciones entre el Poder Ejecutivo y la alianza político-económica-mediática, se manejó como un problema político.
3. El Presidente pretendía continuar en el poder
El argumento del continuismo comenzó a ser utilizado por el Congreso Nacional, secundado por los dueños de medios de comunicación, la empresa privada, sectores conservadores, personas y grupos interesados, y militares retirados que comenzaron a plantar la idea de que el presidente quería continuar en el poder, a pesar de su reiterada afirmación de que él estaría en el gobierno hasta el último día de su mandato y que la Asamblea Nacional Constituyente sería tarea del nuevo gobierno que iniciaría en el 2010. En esta percepción pudieron influir declaraciones iniciales contradictorias por parte de funcionarios allegados al Presidente de la República, que pudieron contribuir a confundir a los sectores en confrontación sobre este tema, aunque el mismo adquirió su propia dinámica y comenzó a repetirse una u otra vez por parte de todos los componentes de la alianza política-económica-mediática, hasta lograr un alto nivel de manipulación y desinformación.
4. El presidente quería instaurar el comunismo en el país
La cercanía del Presidente Zelaya con los países integrantes de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) y Petrocaribe, le creó una imagen de centro izquierda que incomodó a empresarios y políticos que comenzaron a asociar todas las decisiones gubernamentales con acciones encaminadas a instaurar el comunismo en el país, situación que fue hábilmente manipulada por los medios de comunicación y repetida insistentemente por los militares retirados que adquirieron un protagonismo creado y estimulado por las fuerzas opositoras al gobierno. La cercanía a los países de la ALBA, en particular, Venezuela, Nicaragua y Cuba, les llevó a estigmatizar a gobierno y ciudadanos de estos países, y a considerar que la presencia de sus diplomáticos en el país constituía una amenaza para la democracia.
5. El Presidente ha incumplido sus funciones
El tema de la cuarta urna desplazó a todos los otros temas de la agenda nacional, acaparando la atención de legisladores, funcionarios y medios de comunicación, al extremo que medios de comunicación de la alianza político-económica-mediática dedicaban espacios casi completos a cuestionar el tema y, por supuesto, el gobierno utilizaba el canal del Estado y un par de canales más, para defender su posición en torno a la cuarta urna. La alianza opositora continuó cuestionando la insistencia presidencial en mantener el tema y decidieron cuestionarlo por la falta de atención, que según ellos, le restaba a la fiebre AH1N1, inundaciones y terremotos.
D. EL PAPEL DE LOS MILITARES
Conforme avanzaba la confrontación entre poderes del Estado, en una evidente crisis de ingobernabilidad política, la alianza opositora comenzó a acercarse al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, y a la Junta de Comandantes, para pedirles que no obedecieran las órdenes del presidente de la República, de repartir las cajas para la encuesta de opinión en todo el país. A la vez que negociaba con la cúpula militar en privado, colocaba en la agenda pública a militares retirados, protagonistas de la década de los ochenta, formados en plena guerra fría, reafirmando posiciones anticomunistas, incitando a la desobediencia y haciendo llamados a la insubordinación de los militares activos. La crisis permitió que personajes sumados en el anonimato adquirieran visibilidad y se convirtieran en referentes notables para los medios de comunicación de la alianza opositora, militarizando la agenda de los medios y polarizando la sociedad en dos grupos fuertemente enfrentados, los que estaban a favor y los que estaban en contra. La destitución del Jefe del Estado Mayor y la renuncia del Secretario de Defensa, Edmundo Orellana, fue una consecuencia lógica de la presión político-jurídica a que se vieron enfrentados los militares durante varios días de confrontación.
Hasta ese momento las Fuerzas Armadas aparecían como víctimas de la polarización civil en el plano político. A partir de ahí y luego de la restitución político-judicial del General en su cargo, y después de su reconocimiento público en el Congreso Nacional como “héroe nacional”, por haberle desobedecido al Presidente de la República, el militar comenzó a participar en marchas y protestas callejeras, y a dar entrevistas para los medios opositores, definiéndose claramente del lado de la alianza político-económica-mediática. La Junta de Comandantes, constituida por los Jefes de las tres fuerzas y el Inspector General, además del propio Jefe del Estado Mayor Conjunto, decidió involucrarse en la confrontación tomando partido por la alianza opositora y ejecutando el golpe de Estado de la mañana de 28 de junio. Muchos años de profesionalización y creciente subordinación militar a los gobiernos legítimamente constituidos fueron echados por la borda por los Comandantes militares que prefirieron anteponer sus intereses y rencores particulares, y sucumbir ante el poder económico y político, cometiendo uno de los errores más grandes que marcarán negativamente a su institución. En estos 28 años de construcción democrática, las Fuerzas Armadas lograron construir paso a paso una fuerte legitimidad ante la sociedad, al grado que aparecían en las encuestas con un nivel de aceptación similar al de la iglesia católica. Verlos en la calle, al lado de la Policía, persiguiendo y golpeando a ciudadanos hondureños que se plantaron para rechazar el golpe de Estado, representa un retroceso grave por el cual pagarán su precio ante la historia y ante la sociedad.
E. LAS CONTRADICCIONES DEL CONGRESO NACIONAL
Lo ocurrido en el Congreso nacional durante el domingo 28 de junio pasará a la historia del país como un ejemplo de los extremos a los que puede conducir la combinación de intolerancia, manipulación del significado de la democracia, intereses personales, ideologización del conflicto político y rivalidades intrapartidarias. Lo más lamentable es la reproducción de los viejos métodos militares que combinaban mentiras sostenidas como verdades, silencio oficial ante la situación crítica, sometimiento de los medios de comunicación opuestos al golpe, desinformación, ausencia de información sobre lo que ocurre, intervención de teléfonos, detención de funcionarios, represión de manifestantes, interrupción del fluido eléctrico, intento de controlar la comunicación electrónica y auto proclamación como defensores de la nación. Lo anterior dio lugar a una serie de contradicciones en que incurrieron los diputados y allegados, reproducidas fielmente por los medios de comunicación, las cuales se resumen en lo siguiente:
1. La carta de renuncia del Presidente del Ejecutivo
La justificación del golpe de Estado fue la renuncia que supuestamente había firmado y sellado el presidente de la República el domingo 28 de junio, en la que indicaba que lo hacía por razones de salud y para preservar la paz de la nación. La carta presentaba fecha del jueves 25 de junio, fecha en que se había planificado el golpe de Estado como producto de las conversaciones entre el presidente del Congreso Nacional y el Jefe del Estado Mayor Conjunto y en la cual esperaban inhabilitar al Presidente de la República.
2. Sustitución versus derrocamiento
La argumentación central utilizada por los diputados del Congreso Nacional es que ante el vacío dejado por la renuncia del Presidente de la República, el Congreso Nacional se ve obligado a sustituirlo por el Presidente del Congreso, a quien le toca constitucionalmente la sucesión en el cargo. Sin embargo, ellos mismos y sus allegados han caído en contradicciones al repetir que el presidente ha sido derrocado, relevado de su cargo, inhabilitado o separado del mismo por incumplir órdenes judiciales. El Decreto Legislativo estableció improbar la actuación del Presidente de la República y separarlo de su cargo.
3. Espíritu de cuerpo versus intereses partidarios
El Congreso Nacional ha asumido posiciones bastante homogéneas ante el golpe de Estado. Ha aparecido como un poder del Estado confrontado con otro poder del Estado, sin distinciones partidarias entre liberales y nacionalistas, aunque a nivel individual cada uno apuesta a sus propios intereses, como la distribución de cargos públicos en los siete meses que faltan para que el Presidente Zelaya termine su período presidencial, y la distribución de cargos en el Congreso Nacional, una vez que inicie el próximo gobierno. Los nacionalistas apostaron al golpe confiando que esta crisis ahondaría las diferencias del partido Liberal y les haría perder las elecciones de noviembre. Los liberales apostaron al golpe pensando que el control del gobierno por siete meses les permitirá disponer de recursos públicos para financiar su campaña y ganar los comicios de noviembre.
4. De candidato perdedor a presidente defacto
La pérdida [de Roberto Micehelet] de las elecciones primarias de su partido ante su opositor Elvin Santos, no fue un obstáculo para incorporarlo como socio menor en el proceso de golpe de Estado, porque esa alianza lo fortalecía frente al Presidente quien lucía aislado de su partido. El resentimiento generado como resultado de sus frustradas aspiraciones presidenciales por la vía legal, se vio compensado ante la posibilidad de ser presidente por la vía ilegal, como producto de un golpe de Estado.
F. LAS DEBILIDADES GENERADORAS DE LA CRISIS
Es indudable que la crisis político-institucional que desembocó en el golpe de Estado del 28 de junio, tiene raíces en la estructura del sistema político y en sus debilidades para enfrentar adecuadamente los retos que supone la construcción de la democracia en nuestro país, entre las cuales podemos señalar las siguientes:
1. Politización partidaria de las instituciones
Todas las instituciones del Estado son políticas por naturaleza, pero imprimirle un sello partidario excluyente, subordinado e irrespetuoso, traspasa los límites de lo aceptable y se convierte en una debilidad que puede convertirse en una amenaza para el fortalecimiento democrático. La falta de independencia y la limitación de la autonomía para desempeñarse frente a la ciudadanía se convierte en una fuerte debilidad que ha aflorado en esta crisis con dimensiones tan grandes que deben motivar a una profunda reflexión.
2. Candidatura presidencial de los Presidentes del Poder Legislativo
En los últimos años se ha observado una creciente tendencia a la confrontación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, particularmente en los dos últimos años de gobierno, cuando comienzan a definirse los precandidatos y candidatos a la Presidencia de la República. Un factor explicativo clave es el lanzamiento de las candidaturas presidenciales de los presidentes del Congreso Nacional que lleva al parlamento a poner distancia ante el poder Ejecutivo e inclusive confrontarlo, para obtener una mayor aceptación popular o para comenzar a ejercer el poder antes de obtenerlo. En años pasados se realizó una reforma encaminada a impedir que este tipo de candidaturas se pudieran lanzar sin antes haber renunciado a su cargo, pero la misma politización de las instituciones, en particular del Sistema Judicial, ha hecho que los dos últimos presidentes de ese poder del Estado hayan lanzado sus candidaturas a pesar de la prohibición derivada de una reforma constitucional.
3. Incapacidad política para lograr acuerdos
De manera creciente se ha observado la incapacidad política para articular consensos y alcanzar acuerdos, característica que libró en el pasado a nuestro país de los enfrentamientos bélicos que se produjeron en otros países de Centroamérica. Esta tendencia ha llegado a su máxima expresión en la crisis que condujo al actual golpe de Estado, situación que pudo evitarse si hubiera existido voluntad política para ceder en las dos partes en conflicto, mayor disposición a la negociación y mejor preparación para la solución pacífica de los conflictos.
4. Recurrencia a poderes arbitrales
Una gran debilidad del sistema político hondureño, muy vinculada a la anterior, es la constante búsqueda de poderes arbitrales para solucionar los conflictos. La recurrencia a las Fuerzas Armadas es la actitud que lo ha caracterizado históricamente, aunque esta decisión ha terminado siempre, como ahora, en golpes de Estado, luego de otorgarles un protagonismo político que no les corresponde. Una nueva manifestación de esta tendencia se expresa en la recurrencia a las iglesias como factor mediador y arbitral, papel que tampoco les corresponde por la condición laica del Estado hondureño. En este proceso de polarización y posterior golpe de Estado, las iglesias hondureñas, tanto la católica como las evangélicas, no sólo fallaron en su papel mediador sino que se inclinaron por una de las fuerzas en conflicto, exacerbando los ánimos e intensificando la polarización. Esta tendencia es negativa porque le concede protagonismo político a dos instituciones que no deben tenerlo porque ocupan y deben ocupar espacios que no deben estar contaminados por la política.
5. Cultura de la intolerancia, el irrespeto y la confrontación
Una característica relativamente nueva del sistema político hondureño es la intolerancia a los que son y piensan diferente; el irrespeto al otro, incluidas las máximas autoridades de nuestro país; y la tendencia a convertir diálogos en confrontación. Esta situación se ha observado con mucha preocupación en la crisis actual tanto en el ámbito político como en el ámbito social. Llama la atención que la confrontación llegó al límite, provocada y estimulada por los medios de comunicación de la alianza opositora, impregnando a la sociedad de lo que hasta ahora ha sido una característica de los medios de comunicación en general: ofensas, lenguaje soez, gritos, invasión de la privacidad, agresión, acusaciones infundadas. Todo ello se vio en este proceso, lo que imposibilita más la búsqueda de consensos y la solución pacífica de los conflictos.
G. UN GOLPE AL PROCESO DEMOCRÁTICO
Si no fuera por el drama provocado por el golpe de Estado, la detención y expulsión del Presidente de la República, la represión de manifestantes, las violaciones a las garantías individuales y los controles a la libertad de expresión, provocaría hilaridad la forma en que los políticos hondureños definen la democracia, el orden democrático y el fortalecimiento institucional. Mantienen el viejo concepto ideologizado de democracia que colocaba a los militares como sus máximos defensores, consideran orden democrático al castigo impuesto al Presidente de un poder del Estado por atreverse a desafiar al Congreso Nacional y denominan fortalecimiento institucional a la rapidez con que nombran a su sustituto y a su nuevo gabinete. La situación se volvería más hilarante si los escuchamos razonando sobre porqué lo sucedido no puede definirse como un golpe de Estado: no lo es, dicen, porque siguen existiendo los tres poderes, no se ha roto el orden constitucional y no hay militares al frente de las instituciones del Estado.
Los políticos hondureños le han dado un fuerte golpe al proceso de construcción democrática que se ha venido gestando en los últimos 28 años, demostrando intolerancia, irrespeto a la independencia de poderes, autoritarismo, ignorancia de los cambios que se han producido en el contexto internacional, ambiciones desmedidas, subordinación a los grupos económicos y un profundo irrespeto al Estado de Derecho.
Las Fuerzas Armadas se volvieron cómplices del rompimiento del orden constitucional y le provocaron un profundo daño a su imagen institucional, sustituyendo su condición profesional, apolítica y no deliberante, por la condición peyorativa de gorilas con que se les conocía hasta la década de los ochenta. Se sumaron al juego de los protagonistas de la alianza político-económica y mediática, y se convirtieron en instrumento para que ellos lograran sus objetivos y se quedaran con la gloria, mientras la institución se quedaba con la ignominia.
Todas las personas, grupos y políticos tienen derecho a apoyar o rechazar sistemas ideológicos que caracterizan a los países de nuestro continente; a lo que no tienen derecho es a imponer su criterio particular como criterio general de la sociedad, a impedir que un presidente termine su mandato constitucional porque no comparten con él sus simpatías personales con otros presidentes y a impedir que la ciudadanía sea consultada sobre cualquier tema, incluyendo la elaboración de una nueva Constitución. Manifestarse sobre estos y otros temas, es también un derecho de todos, pero expresar públicamente nuestras preferencias y gritarlas con toda la fuerza que podamos, no nos hace superiores a los otros.
· Consultar a la ciudadanía no puede ser nunca un acto ilegal: cuando los integrantes de la alianza política-económica y mediática asuman el significado de esta frase, será un gran indicador de avance en cultura política democrática.
· Reconocer y respetar la coexistencia de personas, partidos y países que son o piensan diferentes, será un gran indicador de que las Fuerzas Armadas hondureñas superaron su condición primitiva y atrasada.
· Emitir una opinión no implica obligatoriamente estar a favor o en contra, cuando la sociedad hondureña asuma este criterio, será un gran indicador de su capacidad para debatir y proponer.
Tegucigalpa, Honduras, 29 de junio de 2009
