domingo, 20 de junio de 2010
Contra la impunidad de los crímenes del franquismo
sábado, 15 de mayo de 2010
NO A LA IMPUNIDAD DE LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO
Me refiero a la sentencia que ayer dictó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España inhabilitando al juez Baltasar Garzón por un cargo de prevaricación al haberse querido encargar de la investigación de los crímenes del franquismo cuando, según la ley que ellos mismos hicieron y que, como toda ley, puede ser modificada pues no es "sacrosanta", en realidad esos crímenes los tenían que juzgar los tribunales locales. Una menudencia de forma que ha servido para apartar de la judicatura a un juez que, pese a no ser santo de mi devoción, ha sido el único en España que se ha atrevido a plantar cara en este tema de los crímenes del franquismo. Por ello, mis respetos en este asunto.
Lo grave de la inhabil
itación no es tanto la carrera judicial del juez Garzón en sí (supongo que para él sí, claro) sino lo que tiene de simbólico esta decisión. La inhabilitación es un "aviso a navegantes". Una demostración de que el franquismo dejó todo atado y bien atado y que la transición ¿a la democracia? posterior sólo hizo que poner la puntilla en ese "que todo se modifique para que nada cambie" (más o menos, Fraga dixit). Tenemos un CGPJ franquista, conformado por jueces puestos por los principales partidos políticos (PSOE, PP, PNV y CiU) pero franquista al fin y a la postre. Esto por sí mismo debería causar una vergüenza estrepitosa. Un día comentaba que esto sería inviable en un país como Alemania, donde nadie concibe que un juez pro-nazi, o emanado directamente del III Reich, siguiera ejerciendo en Alemania. Pues bien, un amigo brigadista internacional, que tiene suficientes años como para haber acumulado experiencia y conocimientos en sus múltiples luchas alrededor del mundo (entre ellas, en la Guerra Civil española) me hizo notar que también eso sucedía por allá, al menos en Austria.
Sin embargo, hemos de tener algo de esperanza hacia el devenir de la historia, aunque sea difícil. Creo que lo positivo de todo este tema, igual que de las man
ifestaciones que se dieron hace ya unas semanas en apoyo a la investigación de los crímenes del franquismo (que fueron muchísimos, por cierto, y que no se circunscribieron al periodo de la Guerra Civil sino que llegaron hasta los años setenta) es que, por primera vez, este tema se está haciendo visible en España. Y, espero, que a la vez esté generando conciencia entre mucha gente que, por no tener familiares represaliados o bien por tener familiares "rojos" que nunca se atrevieron a hablar de esto en casa (cosa que también ha sucedido mucho en España), no han sido conscientes de todo lo que la supuesta transición hacia la "democracia" les había ocultado y negado. Por ejemplo, nunca antes se había visto en España imágenes de familiares en manifestaciones portando retratos de sus DESAPARECIDOS. Unos desaparecidos que, no lo olivdemos, suman en España más personas que todos los desaparecidos de todas las dictaduras del Cono Sur juntas. Eso no hace a los crímenes del franquismo peores que los de Videla, Stroessner o Pinochet sino que da cuenta de la magnitud de la tragedia todavía no reparada en España. ¡Cuánto se tendría que aprender de los países latinoamericanos! Tanto, si no nos cegara el complejo de superioridad imperial, del que los franquistas saben tanto, por cierto.
Dejo, para finalizar, un homenaje en forma de canción hermosa de una cantautora a la que acabo de descubrir. Está dedicada a todos aquellos hombres y mujeres que, como reza la canción, "tienen nombre y apellidos". A ellos y a la memoria de mi abuelo, que podría haber estado en alguna de las fosas que aparecen en las imágenes del video cuando estuvieron a punto de fusilarlo aquellos que se declaraban, y se declaran, buenos cristianos.
¡¡JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS!! ¡¡NO A LA IMPUNIDAD DE LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO!! ¡¡POR LA INVESTIGACIÓN Y EL ENCAUSAMIENTO DE TODOS LOS CULPABLES TODAVÍA VIVOS!! Que se haga al fin JUSTICIA en España, que se devuelva el dinero y los bienes que robaron a los rojos, los niños a los que usurparon su identidad y entregaron a familias afectas al régimen, que vayan a la cárcel los asesinos y cómplices de la dictadura y todos aquellos que hacen apología del exterminio político con total impunidad a día de hoy. Mucho pedir, sí, pero tengo la confianza de que algún día la historia nos dará la razón. Tiempo al tiempo.
jueves, 24 de diciembre de 2009
Cacerolada popular contra el rey de España
Hoy, mientras Juancar esté realizando su tradicional y soporífero discurso previo a la cena de Nochebuena, un grupo de ciudadanos y ciudadanas españoles se estará manifestando contra él haciendo sonar las cacerolas todo lo fuerte que se pueda para no tener que oir el vacuo y monótono discurso de cada año. sábado, 5 de diciembre de 2009
La Iglesia española y el franquismo
La Iglesia Católica de España y los niños perdidos del franquismo un año después
Miguel Ángel Rodríguez Arias
El Plural
Transcurrido ya un año desde que Baltasar Garzón recogiese en su auto el denominado caso de los niños perdidos del franquismo -más de tres ya desde que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa lo denunciase en 2006 dentro de su "Balance de Crímenes" de la dictadura- y tras el reciente acto público del miércoles de connotaciones negacionistas en torno a los trabajos forzados y las inhumanas condiciones de vida de los presos políticos en el Valle de los Caídos llevado a cabo en la Facultad de Económicas de la Universidad San Pablo CEU, cada vez queda más de manifiesto lo necesario de seguir dando a conocer, con todo detalle, el estremecedor alcance de la represión franquista en presidios, campos de trabajo y todo tipo de centros penitenciarios... así como la concreta relación que pudo tener la Iglesia Católica de España con todo ese "turismo penal alternativo". Particularmente en cuanto a todo lo sucedido en los centros penitenciarios de detención de mujeres y jóvenes.
La Iglesia católica proveyó el personal de "numerosos establecimientos penitenciarios".
Ahora bien, situación de detención de tales mujeres y sus pequeños en tales "establecimientos penitenciarios" provistos con personal religioso, según dicha denuncia... ¿con qué cargos?Porque de no existir tales cargos, o de resultar manifiestamente infundados -ser familia de algún defensor de la República española, haber intentado huir del país...- nos encontraríamos ante una situación de colaboración en un número indeterminado de detenciones ilegales.
Ejercicio de anómalas funciones penitenciarias por parte de dicho mismo personal –incluso llegando a utilizar conventos y otros edificios de la Iglesia como centros de detención, como han señalado otros estudios–... ¿en virtud de qué?, cuándo la única participación reconocible al personal religioso de cualquier confesión en centros penitenciarios lo es a los efectos de dar asistencia religiosa, en caso de ser solicitada por parte de los detenidos.
¿Y en qué condiciones de detención, higiene, alimentación -cuidados médicos adicionales exigidos por las leyes internacionales desde Ginebra, desde antes incluso, respecto dicha población civil especialmente vulnerable, madres y bebés- administró dicho personal tales centros?
“Malos tratos físicos y psicológicos”, señala el Consejo de Europa, por parte del "personal religioso", ¿en qué concretos centros?, ¿por parte de qué concretas personas?, ¿se trató igualmente de actuaciones puntuales o de actuaciones generalizadas o sistemáticas hacia estas mujeres y sus pequeños?... una u otra respuesta nos llevaría a hablar, en su caso, de muy distintos tipos de responsabilidad.
Y además, ¿qué mujeres, qué niños, qué jóvenes, pasaron por dichos centros inexplicablemente provistos de personal religioso-penitenciario por la Iglesia Católica?
Todo ello, punto por punto, de haberse producido tal y como denuncia el Consejo de Europa, situaría a la Iglesia Católica, de propia mano, en el delicado terreno de las "relaciones de sujección especial", espacio de protección reforzada de los derechos fundamentales de los detenidos... ¿con qué grado de conocimiento de la Conferencia Episcopal se hizo?, ¿con qué diligencia se interesaron dichas autoridades superiores jerarquicas por la supervisión de la adecuada situación de todas esas presas -de los pequeños presos-, en estos centros vigilados por ese, su, personal subordinado en el ejercicio de dichas poco comprensibles funciones en colaboración con Franco?
Más aún, ¿con qué grado de conocimiento de las autoridades últimas, las de Roma, superiores jerárquicos máximos en el vértice de la organización y, simultáneamente además -aunque esto ha sido completamente olvidado- autoridades de un Estado, el Vaticano, susceptible por tanto de rendir cuentas ante los distintos intrumentos internacionales de Derechos Humanos?, ¿hasta qué punto "sabían", "debían haber previsto" o "trataron de impedir o sancionar" ese tipo de conductas como reclama el elemental principio de “responsabilidad por el mando” consagrado en los juicios de Nuremberg y que no sólo se aplica a estructuras militares sino a toda estructura jerarquizada como lo es la Iglesia Católica?
Y, sobre todo, ¿qué reparaciones morales y materiales han ofrecido, en su caso, a todas esas personas sus ex-carceleros?, ¿qué justicia?, ¿cual es la verdad detrás de todos estos hechos y cuándo podrá tenerla a su alcance cualquier ciudadano, si es que alguna vez somos capaces de mirarla de frente como sociedad salida de un genocidio, el franquista, que aún no somos capaces ni de llamar por su nombre?
La denuncia del Consejo de Europa, organismo de amplio prestigio internacional en materia de derechos humanos en cuyo seno se haya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, su pieza más visible, resulta de la suficiente gravedad en sus implicaciones humanas, jurídicas e internacionales como para que no pueda seguir siendo desatendida más tiempo; menos aún cuando, junto a todo ello, dicha denuncia nos sitúa en el terreno colindante con actuaciones aún más graves, si ello es posible, cuando -en su punto 72- se definiría precisamente el caso de los niños perdidos del franquismo como el de “hijos de presas cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen”.
¿Hubo personal religioso en las cárceles dónde desaparecieron bebés?
¿En qué centros penitenciarios se hallaban, en particular, esas mujeres "presas" cuyos hijos les fueron arrebatados –y que el Consejo de Europa no especifica tampoco si están entre los “numerosos establecimientos penitenciarios" provistos de personal por la Iglesia o en algún otro establecimiento no provisto por dicho personal– ?; Y, de haberse verificado casos de desaparición infantil también entre los primeros, ¿hasta qué punto dicho personal religioso pudo haber tenido conocimiento y responsabilidad, como guardianes de estos, por lo sucedido en su seno?, ¿hasta que punto pudo o debió impedir que se separase a estas madres de sus pequeños?, ¿hasta qué punto pudieron o debieron tener conocimiento sus superiores jerárquicos en España de todo ello?, ¿y los de Roma?
Un año después de las actuaciones del auto de la Audiencia Nacional nos sigue faltando una investigación "oficial, efectiva e independiente" por parte del Estado español, pero también por parte del Estado Vaticano tal y como se deriva de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Pero los estremecedores testimonios del horror narrados por algunas supervivientes, los cuerpecitos de niños pequeños muertos de malnutrición y enfermedad, la cruel actuación de algunas "monjitas-guardianas" –qué completamente anómalo dicho termino, y de que forma tan anómala también nos hemos habituado a él sin reparar en sus fundamentales implicaciones jurídicas de fondo– reclaman una respuesta. Y la debería reclamar también el propio Estado Vaticano, activando por propia iniciativa dicha investigación, en consonancia con sus otras actuaciones radicalmente distintas en su compromiso por la defensa de los derechos humanos en otros países.
Mientras tanto, y al calor también del vigente debate igualmente promovido por la propia Iglesia Católica de España, sobre el derecho de los padres a educar a sus hijos sin la injerencia -al parecer tiránica- del Estado por pretender obligarles a estudiar la asignatura de educación para la ciudadanía, no he podido dejar de sorprenderme, día a día y mientras desarrollaba mi propia investigación jurídica, por el silencio de nuestros obispos sobre todo ello.
El silencio sobre si el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a su propia conciencia se aplicaba, también, a todas estas madres presas, maltratadas y olvidadas: sobre cual fue la concreta actuación de nuestra Iglesia en aquel entonces, cuando según el punto 73 de dicho mismo Balance "varios miles de hijos de obreros fueron también enviados a instituciones del Estado porque el régimen consideraba su familia republicana como "inadecuada" para su formación".
Aunque seguramente el análisis de esto último, de todo ello en realidad, se lo habrán reservado ya los organizadores del acto para la siguiente ocasión de reflexión en la CEU.
miércoles, 16 de septiembre de 2009
Oliver Stone mandó callar al rey de España y a El País
En la presentación de su documental "Al sur de la frontera", Oliver Stone no se mordió la lengua y, harto de tanta mentira vertida sobre Venezuela y la figura de Hugo Chávez, dijo unas cuantas verdades que levantaron ampollas en la prensa internacional, especialmente hispana de Hispania, se entiende. Cada día me cae mejor este hombre. Se despachó a gusto en su rueda de prensa en Venezia y puso al periolisto de "El País" en su sitio. Dijo que el rey de España, Juan Carlos de Borbón, debería callarse y escuchar más a Chávez. Más información en el enlace siguiente:
domingo, 6 de septiembre de 2009
El pelotazo de la monarquía
actual rey Juan Carlos-, lo curioso, digo, es que tras todas estas vicisitudes lleguemos al siglo XXI y sigamos teniendo a estas sanguijuelas chupando la sangre (en versión monetaria) de los españolitos y españolitas de a pie. Chocante resulta, además, analizar el pasado reciente de la Historia española, el siglo XX. Si uno se fija, la monarquía estaba totalmente desacreditada y, de hecho, fue expulsada del país en la figura de Alfonso XIII, abuelo del actual rey. Pero tras la dictadura fascista de Franco y su empeño en reestablecer la monarquía en España (probablemente para morir jodiendo a los republicanos en un punto tan simbólico) llegamos a la supuesta "transición hacia la democracia" donde los grupos fácticos dejaron todo atado y bien atado. Las mismas familias siguieron manejando el cotarro y los negocios aunque ampliaron un poquito el margen para dar cabida a la nueva clase política (los pseudo-socialistas de González y cía) convertidos en los nuevos defensores del statu quo. Sin entrar en que los pseudo-socialistas se han vuelto los más acérrimos defensores de la monarquía. Vivir para ver...
ás suerte que el promedio) que se casó con el hijo del rey de España, Felipito, ha sido contratada por el Ayuntamiento de Barcelona para un puesto directivo de sueldo astronómico por sus méritos académicos y profesionales, jajajaja. ¿Se lo creen? Yo no, lógicamente. La chica en cuestión, Telma Ortiz (fotografía a la derecha), hermana de Leticia Ortiz o Letizia Ortiz (como ven, a la monarquía se le permite hasta escribir su nombre con faltas de ortografía alegando que es por un "glamour" especial al estar escrito en italiano ¡ja!), ha sido directamente enchufada en un cargo político, sin pasar ni una oposición previa a la que pudieran presentarse todos los ciudadanos y ciudadanas interesados en trabajar ahí. Eso creo que se llama nepotismo y, si no, que alguien me corrija. Los defensores de la causa monárquica -que, aunque no se lo crean, existen igual que entre los esclavos existían los defensores de la esclavitud- alegan que la pobre chica ha sido contratada por su experiencia y formación. Pero después cuando uno se entera de que la misma chica se presentó en el último año a varias oposiciones a puestos públicos de funcionaria en organismos de cooperación (justo el tema en el que va a trabajar) y no sólo no pasó las pruebas sino que quedó en unos puestos muy bajos... Da que pensar.sábado, 18 de abril de 2009
A 78 años de la proclamación de la II República Española
Sólo difundiendo esta información se podrá parar el que muchos trabajadores honrados sigan defendiendo la figura del Borbón porque "él nos salvó del golpe de Estado" o "porque es buena gente", "representa a España" y no sé cuántas mentiras más que les han inoculado en estas décadas de lavado de imagen del monarca y la monarquía. Una monarquía que nos sale demasiado cara y, encima, ni siquiera consideran al pueblo español suficientemente maduro como para informarle de cuáles son las verdaderas cuentas del rey provocando que, para ejercer ese legítimo derecho, los partidos políticos del Estado tengan que recurrir al Tribunal de Estrasburgo.
¡¡¿¿¿PARA CUÁNDO LA JUSTICIA HISTÓRICA EN ESPAÑA???!!
miércoles, 21 de enero de 2009
El robo de niños en el franquismo
El robo de niños no fue un macabro invento argentino. Dictaduras nefastas como la nazi y la franquista y países como Australia, utilizaron estos recursos para impedir que siguieran prosperando las ideas de "los perdedores". En España recién la población está comenzando a conocer esta barbarie.
Por Benjamín Prado
Cuando en el año 2006 publiqué mi novela Mala gente que camina, cuyo tema central es el de los niños robados por la dictadura a los vencidos de la Guerra Civil, muchos pensaron que la historia que contaba era inventada, o al menos que había exagerado las dimensiones de aquella tragedia. Ahora, la causa contra el franquismo iniciada por el juez Baltasar Garzón y abatida por el fuego amigo y enemigo del Gobierno y de los magistrados conservadores de la Audiencia Nacional les ha puesto un número a esos secuestros, al hablar de más de 30.000 niños segregados de sus familias y dados en adopción a personas afectas al Régimen o internados en centros del Auxilio Social, hospicios, conventos o seminarios, en donde se los reeducaba según los ideales del fantasmagórico Movimiento Nacional.
Como se ve, lo que se contaba en aquel libro era una recreación de la verdad, no un invento, ni mucho menos una suposición, pero esa certeza nos lleva a una pregunta que hoy día, tras más de 30 años de democracia, resulta hiriente: ¿cómo es posible que un drama de semejantes dimensiones se haya mantenido oculto tanto tiempo y que, aún hoy, se dificulte o prohíba su investigación desde las alturas del Estado de derecho? Tal vez sea porque esas alturas siempre están cubiertas por la nieve incontestable de la Transición, que con tanta eficacia decora, idealiza y cubre todo lo que está debajo de ella.
Garzón, que ha intentado salvar parte de su proceso inhibiéndose de él en favor de las salas de instrucción territoriales de toda España, ha remitido también la investigación sobre los niños perdidos a los juzgados decanos de Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza, que tendrán que decidir si los delitos que se pretende perseguir, y que el auto califica de "desapariciones legalizadas", son crímenes contra la humanidad, lo cual impediría que pudiesen prescribir. El juez sabe bien lo que dice y cómo decirlo, porque esa palabra, "legalizadas", es el centro del problema.
Los golpistas de 1936 no sólo pretendían exterminar a sus rivales, como demuestran las más de 150.000 personas enterradas en las fosas comunes que el Tribunal Supremo le impide abrir a Garzón, sino también erradicar su ideología. Para conseguirlo, pensaron en quitarles a los republicanos sus hijos para poder sembrar en ellos la doctrina nacionalsindicalista y el odio a las ideas de sus familiares. En esa ciénaga moral hicieron fortuna personajes como el militar y psiquiatra Antonio Vallejo Nájera, que había explicado en sus absurdos libros una teoría según la cual el marxismo es una enfermedad mental y contagiosa, por lo cual era necesario separar el grano de la paja, como les gustaba decir a los heraldos negros del Régimen. Cuando los hospicios del Auxilio Social, la organización caritativa fundada por Mercedes Sanz Bachiller, viuda del líder falangista Onésimo Redondo, se llenaron de huérfanos o hijos de presos, y las cárceles acogieron a cientos de mujeres embarazadas o con menores a su cargo, los ladrones de niños tuvieron lugares de sobra donde escoger su botín. Para que el asunto se revistiese de esa legitimidad de la que habla Garzón, al poco de acabar la guerra Franco dictó dos leyes, según las cuales la patria potestad de todos los niños que entraban en el Auxilio Social pasaba a manos del Estado, que de esa manera podía cambiarles el nombre y entregarlos a quien quisiese. A otros se los llevaban recién nacidos, horas antes de fusilar a sus madres, de centros como la Prisión de Madres Lactantes de Madrid, que habían montado junto al río Manzanares. Y a muchos los fue a raptar al extranjero el Servicio Exterior de la Falange, a menudo, a los campos de concentración donde habían ido a parar los exiliados. Según datos recopilados por el historiador Ricard Vinyes, de 32.037 niños enviados por sus padres al exterior fueron repatriados 20.266.
Con los años se han ido reuniendo numerosos testimonios de los supervivientes de aquel horror, unos esbozados en libros pioneros como los de la militante comunista Tomasa Cuevas, y otros debidos al trabajo de historiadores como Miguel Ángel Rodríguez Arias, reciente autor de El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad, o el propio Vinyes, que ha asesorado a Garzón y que fue el inspirador del documental “Los niños perdidos del franquismo”, realizado por Montse Armengou y Ricard Bellis, que puso sobre la mesa ese espanto que sigue entre nosotros, porque como señala Garzón, "las víctimas (los hijos y algunos progenitores) podrían estar vivas".
¿Cuántas personas de este país no son quienes creen ser ni vienen de donde creen venir? Según los datos que obran en el sumario, la cifra de hijos de presas tutelados por el Estado llegó en 1955 a casi 31.000, tal y como le comunicó al propio Franco el Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de Penas. Algunas víctimas recuerdan haber sido entregadas en adopción y devueltas por quienes se los habían llevado hasta cuatro veces, y haber tenido, por tanto, cuatro apellidos diferentes. Y en un documento interno de Auxilio Social se reconoce que el asunto se les está yendo de las manos, porque muchos no se llevan a los niños para criarlos como hijos, sino para trabajar en sus tierras o sus casas prácticamente como esclavos.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica le ha pedido a Garzón que ordene de inmediato que se hagan pruebas de ADN a las víctimas, alegando su edad, porque esa urgencia justificaría que se ocupase del asunto la Audiencia Nacional, y argumenta que aunque la Sala de lo Penal declaró que Garzón no es competente para investigar el genocidio franquista, dejó abierta la puerta a la realización de pruebas inaplazables para averiguar el delito. Para demostrar que el tiempo se acaba, la ARMH recuerda a dos mujeres, Emilia Girón y Marina Álvarez, que murieron el año pasado sin llegar a encontrar a su hijo y a su hermana, y pide que se evite que eso ocurra en otros casos, los de Agustina Gómez, de 100 años, Julia Manzanal, de 93, y los hermanos José y María Setefilla Sánchez, de 75 y 73, que también buscan a sus familiares. Además, consideran clave el testimonio de Trinidad Gallego, de 95 años, que ejerció de matrona en varios penales, por lo que puede dar fe de cómo los niños eran robados a sus madres.
Será difícil que la iniciativa prospere, porque nuestro país se ha acostumbrado a considerar el abandono que sufren muchos represaliados por la dictadura una especie de mal necesario, cuando no a verlos a ellos como una presencia molesta que enturbia la imagen luminosa que la admirable democracia española quiere dar de sí misma, y olvidando en ocasiones que su meta no es parecer infalible, sino ser justa. ¿Seré yo una niña o un niño robado a mis padres por la dictadura? Esa pregunta se la podrían hacer muchas personas que tal vez sospechen de su pasado, hoy mismo, mientras se arreglan frente al espejo, y no es bueno que su país no quiera responderles.